Este miércoles la comisión de Derechos Fundamentales deliberará y enviará al pleno el informe con los incisos finales del catálogo de derechos. En el debate está la participación privada en el nuevo sistema único de salud y en el reemplazo del actual sistema de pensiones, además de la posibilidad de elección de los usuarios. 

En los últimos días, tras meses de debate y uno que otro contratiempo, más de 20 derechos sociales pasaron a formar parte del borrador de la nueva Constitución. Educación, salud, seguridad social, deporte, alimentación, trabajo y vivienda, entre otros, forman parte del catálogo que se enmarca en un Estado social de derechos, y que cambia el paradigma respecto a un Estado subsidiario. Es el corazón, según repiten los convencionales, y que esta semana entra en su recta final para aprobar o descartar los últimos informes provenientes de las comisiones temáticas.

Según el cronograma -que está tan ajustado que es probable que los domingos también se habiliten como día de sesiones- el viernes 6 es la fecha fatal para que el informe con las atribuciones de la Cámara Regional -que reemplaza al Senado- se apruebe o rechace. El arco progresista aún no ha podido encontrar un acuerdo total en la materia que deje contentos a todos, y que además tiene encima la presión de varios parlamentarios de los partidos afines al oficialismo que ven con reparos el fin de la Cámara Alta.

El sábado 7, en tanto, será el turno en el pleno del informe de reemplazo de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que sufrió el rechazo total de su segunda iniciativa. Allí están los estatutos de la minería, la energía y el agua, entre otros, que fueron cuestionados por la calidad en su elaboración. Durante la tarde del lunes 2, la instancia arrancó con la votación de las indicaciones al informe.

Sin embargo, junto al Sistema Político, la votación más importante de la semana se dará el miércoles 4 en la comisión de Derechos Fundamentales, que dirimirá y despachará el informe de reemplazo de los derechos sociales. Si bien se aprobaron los encabezados de cada derecho, aún falta por definir varios incisos que serán el cambio definitivo a lo que tenemos hasta hoy, y que reafirmarían la tesis de un Estado protagonista y solidario.

Seguros privados

La consagración de un sistema público -y único- de salud trae aparejada la eventual desaparición del sistema privado. Hasta ahora, la idea es que exista una integración gradual de lo privado en lo público, pero siempre bajo la rectoría del Estado, bajo los parámetros que defina la ley. También, sigue la discusión sobre la viabilidad y en qué marco de acción pueda sobrevivir un subsistema de seguros privados. ¿Pueden ser un complemento? ¿Pueden sustituir a las prestaciones que entregará el Estado? ¿No podrá existir bajo las nuevas reglas? Hay varias indicaciones sobre la mesa.

Una de ellas es liderada por el convencional Alfredo Moreno, y la coexistencia de un sistema público, un sistema privado y otro de carácter mixto. Tiene pocos adeptos dentro de la comisión. La segunda línea, una más intermedia de la convencional Damaris Abarca, es que la ley determine procedimientos y requisitos para que los prestadores privados integren el sistema público y puedan proveer algunos servicios. También está la indicación presentada por la convencional Bárbara Rebolledo para que las personas tengan derecho “a contratar seguros privados de salud en la forma que determine la ley”.

No obstante, la indicación que parece tener más futuro es liderada por la convencional Elsa Labraña y señala que “el aseguramiento privado voluntario, complementario o suplementario, no podrá sustituir ni podrá duplicar la cobertura que otorga el Sistema Nacional de Salud”.  

El problema que han advertido varios convencionales es que un sistema público único de salud no puede integrar de la noche a la mañana a más de dos millones de personas, en especial, porque eso colapsaría aún más lo que ya existe. Además, que las instituciones no puedan tener fines de lucro también abre interrogantes respecto a la disposición del actual sistema privado para integrarse a esa red. De hecho, las Isapres Colmena y Banmédica enviaron cartas a sus afiliados advirtiendo una eventual duplicidad de pago con el nuevo sistema, algo que es seguido de cerca por la Superintendencia de Salud y que descartan desde la Convención. “Es un abuso del uso de datos privados de sus clientes para enviarles opiniones políticas sesgadas por la defensa de sus ganancias”, dijo la convencional Bárbara Sepúlveda.

Dueños de los ahorros

Ya sabemos que el nuevo modelo de seguridad social podría cambiar a los actuales administradores de fondos de pensiones. Ahora queda decidir cuál será el marco del nuevo sistema. La mayoría se inclina por administradoras públicas sin fines de lucro, y con una integración de trabajadores, Estado y empleadores en sus directorios, con una fiscalización del Estado dispuesta por ley.

Aún existen ciertas dudas desde un sector de la Convención respecto a la propiedad de los fondos de los cotizantes actuales y futuros. Por ello, el convencional Bernardo Fontaine presentó una indicación para dejar establecido en la Constitución que “los trabajadores activos y los pensionados que tengan cuentas de capitalización individual son dueños de sus ahorros previsionales acumulados y futuros, así como de las cotizaciones que se descuenten de sus ingresos. Dichos ahorros previsionales son heredables y no podrán ser objeto de ninguna forma de nacionalización o estatización”. Allí se agrega la indicación de la convencional Rocío Cantuarias, para definir que “el Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros previsionales presentes o futuros de los trabajadores”.

Lo anterior, a pesar de que incluso el gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso para establecer la inexpropiabilidad de los fondos, algo que fue calificado por el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, como una “impertinencia”, como respuesta ante una supuesta campaña de desprestigio que, según él, provendría desde sectores de derecha. “Nadie, nunca, en ningún contexto y de ninguna manera y de ninguna forma, ha planteado expropiar los fondos en la Convención”, dijo Domínguez.

Otra interrogante aún por discutir es si las personas podrían retirar su dinero en algún momento, o bien si podrán utilizar otro tipo de administradoras -no necesariamente las nuevas entidades estatales- para el ahorro previsional. El convencional Felipe Harboe presentó una indicación que, entre otras cosas, define que “la ley podrá autorizar la participación de cuerpos intermedios en la gestión de determinados regímenes de protección social”.

“Esperamos que los cambios que se están discutiendo pongan en el centro el bienestar y la calidad de vida de las personas en su vejez, y, como hemos dicho, garantice la propiedad de los ahorros de las personas y les permita elegir quién administra sus ahorros para la pensión”, comentó Jaime Munita, gerente general de AFP Capital -compañía controlada por SURA Asset Management Chile-, en la Junta Ordinaria de Accionistas realizada el pasado viernes 29.

Justamente es en pensiones y salud donde la ciudadanía, según las últimas encuestas, tiene más dudas respecto al trabajo de la Convención. Según la encuesta Panel Ciudadano-UDD, un 94% quiere que garanticen la propiedad individual de sus fondos y un 91% que le permitan elegir entre una administradora pública y privada. Según los convencionales del arco progresista, las dudas deberían disiparse con la aprobación de los incisos que darán forma a un nuevo modelo de derechos sociales en la Constitución.