El derecho a propiedad y a la iniciativa privada tendrán que dialogar y complementarse con los derechos de la naturaleza, en línea con el debate y las posiciones de los convencionales. La preocupación entre los gremios es que exista un desequilibrio entre los principios medioambientales y los económicos.

El derecho a emprender y la protección del derecho a la propiedad. Esos fueron los dos ejes de la presentación del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, ante la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención, a fines de diciembre. Sutil, sin embargo, no fue el único que defendió ambas ideas. Tras su presentación, en los días posteriores se repitieron las exposiciones de otras organizaciones gremiales, como Fedetur y la Sofofa, en defensa de algunos preceptos relacionados con la propiedad privada.

Incluso, la Multigremial Nacional de Emprendedores lanzó hace unos días una iniciativa popular de norma para incluir en el debate la libre iniciativa económica y el derecho a emprender. De aquí al 20 de enero, deberá reunir las 15 mil adhesiones necesarias, mismo número que logró completar otra iniciativa que ya quedó habilitada para ser discutida: la nacionalización de las grandes empresas de litio, cobre y oro. Una tesis que no es vista con malos ojos por un sector de convencionales. De ahí se desprende que no será fácil un acuerdo.

Por eso, la preocupación del sector privado está vinculada a la discusión que se está dando en el debate de la comisión ad hoc, y que avanza -como han calificado algunos convencionales- hacia una regulación más sobria y atenuada de lo que actualmente se entiende el derecho a la propiedad, que es uno de los derechos constitucionales mejor reforzados en la actual Constitución, y que habla sobre exenciones mineras, derechos de aguas o las expropiaciones. La regulación tendrá que dialogar con nuevos derechos.

“Es importante destacar que, en el tema de la propiedad privada, la nueva Constitución no parte de una hoja en blanco, ya que debe respetar todos los tratados internacionales que Chile haya suscrito. En ese contexto, nuestro país es parte del Tratado Internacional de Derechos Humanos, que reconoce la propiedad privada como un derecho humano, y en el caso de que se produzcan expropiaciones, estas deben ser compensadas de manera justa por parte de los organismos estatales”, explica Daniel Soto, estratega jefe de SURA Inversiones.

El ejecutivo agrega que la actual Constitución “describe ampliamente” el tema de la propiedad privada y que, no obstante, hay muchas cartas fundamentales en el mundo que no profundizan mayormente en esta materia, pese a lo cual tienen mercados “que funcionan correctamente, como es el caso de Estados Unidos”.

La incógnita está en cómo será traducida esa sobriedad o atenuación en una eventual nueva Constitución, y cuál será el equilibrio que tendrá respecto a la sustentabilidad y el medio ambiente, temas que han predominado en el debate por sobre lo económico.

Nuevos derechos

El convencional Rodrigo Álvarez cree que se acaba el tiempo para resolver correctamente la nueva forma del modelo económico, que toca a todas las comisiones en algún punto. “En general, veo con preocupación el debate tanto de las normas económicas fundamentales de la Constitución, como la discusión sobre temas específicos tales como los estatutos del agua, minería, pesca, forestal, energía, salmones, entre otros. Esa preocupación también alcanza el derecho de propiedad con tesis que lo debilitan, enunciados sobre propiedad colectiva muy poco claros, reivindicación del dominio por pueblos originarios, mecanismos de expropiación insuficientes, propiedad sobre derechos y otros”, dice Álvarez.

La mayoría de los convencionales, sin embargo, cree que el derecho a la propiedad tiene que ser compatible con otras iniciativas que hoy no están incluidas en la Constitución, y que no habían sido discutidas en el espacio público hasta antes de la Convención. En particular, lo referido a nuevos derechos desde la perspectiva medioambiental: al agua, a la soberanía alimentaria, a la naturaleza, animales, al patrimonio, al libre acceso a la cultura, al acceso a las montañas, entre otros. Todo esto tendrá que dialogar con el derecho a la propiedad, con la creación de empresas, la competencia o los márgenes para la inversión. Y, por cierto, con los tratados que Chile ha firmado internacionalmente.

“Siempre se ha dicho que la cuestión del medio ambiente juega en contra del desarrollo y la respuesta es definitivamente no, muy por el contrario. Primero, porque hay que entender bien qué se entiende por desarrollo, que no es solamente acumulación de riqueza y crecimiento económico; segundo, lo que se ha demostrado es que la protección del medio ambiente es un aliciente, es necesario para el desarrollo”, explica Javier Simonetti, uno de los académicos redactores del documento “La cuestión ambiental en la nueva Constitución: Elementos para la reflexión”, que el lunes 17 de enero llegó a manos de los convencionales.

En una de las últimas sesiones dedicadas al modelo económico, se analizó la necesidad de incluir a la libre competencia en la Constitución. “Mientras haya concentración de poder, es imposible (…) cada vez que, a los conglomerados, cuando se les dice que el problema es la concentración de poder, ellos dicen que es la competencia. ¿Cómo podríamos establecer condiciones de libre competencia mientras no haya una política que desconcentre el poder?”, señaló el convencional Fernando Salinas.

La comisión seguirá en audiencias hasta el 20 de enero, que en principio sería la fecha de arranque de la deliberación en general. Uno de los temas que sancionará es la fórmula que tendrá cada norma y cómo ellas dialogan con los preceptos de la propiedad privada.