Tras el rechazo en general del segundo informe -que concentra los estatutos de agua, minería, energía y otros-, la instancia trabaja sin certezas, con poco respaldo y sin mucho tiempo para llegar a tiempo al pleno esta semana con un informe de reemplazo.

El segundo informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico contemplaba 52 artículos. Incluía, entre otros, el articulado sobre el estatuto constitucional del agua, la energía y los minerales; la soberanía alimentaria; el sistema económico; la función ecológica y social de la propiedad, y los Derechos Humanos Ambientales. Un catálogo amplio, temas complejos y sensibles.

Por eso, para evitar repetir el fracaso de su primer informe, los ecoconstituyentes, que ostentan una amplia mayoría en la comisión, esta vez sí se preocuparon de dos cosas: dejar cuestiones de controversia en manos de la ley -una de las críticas a la comisión ha sido que los artículos propuestos abarcan demasiado, carecen de precisión y no dialogan con los catálogos aprobados en otras comisiones- y llegar al pleno con un acuerdo de todo el arco progresista. Al menos, para pasar a la discusión en particular, sabiendo que existen diferencias.

Contaban con eso, hasta que en la votación en general, la tarde del jueves 21, el informe no alcanzó los votos suficientes y fue rechazado en general. Es decir, ni siquiera llegó a ser debatido. Dentro del rechazo, aparecieron algunos miembros del Colectivo Socialista, del Colectivo del Apruebo e independientes. Tan alto llegó el disgusto entre los ecoconstituyentes, que en conferencia de prensa decidieron leer uno a uno los nombres de los convencionales que no concurrieron con su voto positivo o se abstuvieron. Esto desató un largo camino de críticas y cuestionamientos, que se prolongó todo el fin de semana y que incluyó a diputados, senadores, líderes de partidos políticos, ministros, e incluso al Presidente Gabriel Boric, quien calificó la acción como “inaceptable”.

La maniobra de presión en contra de sus pares dejó a la instancia con un escaso margen de apoyo. “No debería sorprenderle a nadie que este informe fuera rechazado”, dijo el convencional socialista Tomás Laibe.

Lo que pasó

Según los convencionales que rechazaron o se abstuvieron en la votación, el informe no cumplía con los estándares, algo que habría sido advertido en los días anteriores. Y más allá de eso, si ese informe de todos modos entraba a la discusión en particular, produciría un choque de visiones en el arco progresista que contribuiría negativamente al trabajo de la Convención, que ya se encuentra bajo una mirada crítica. En conclusión: el informe incluyó muchos temas que ya están considerados en otros informes, con un pleno que trabaja contra el tiempo.

Una de las preocupaciones entre los ecoconstituyentes es que el rechazo completo de la propuesta los obliga a corregir y reelaborar un informe de reemplazo sin tener claridad de los principales nudos de controversia, y además, en un ambiente muy desfavorable tras la situación del jueves. “Vamos a tener que buscar tiempos extraordinarios para lograr arreglar todo esto que ha sido devuelto. Es un revés importante que a nosotros nos parece profundamente lamentable”, explicó el convencional y coordinador de la comisión, Juan José Martin.

Las discrepancias

Entre los convencionales que rechazaron el informe, se repitieron dos aprensiones: una de forma y otra de fondo. La de forma es que el documento incluye demasiados artículos, y la de fondo, que el rol del Estado en la economía sería una visión demasiado extrema, que ya no encontró un acuerdo amplio y que la comisión ha insistido en poner a discusión.

Pero el convencional Rodrigo Álvarez, minoría en la instancia, cree que el problema mayor es la sobrerrepresentación del sector ecologista que defiende una visión maximalista. Desde los ecoconstituyentes responden que la comisión ha estado bajo asedio por defender una perspectiva diferente sobre ecología, naturaleza, Estado y bienes comunes.

Una de esas visiones es sobre el agua y su gobernanza. No hay acuerdo sobre la existencia de un Consejo de Cuencas que dirima cada caso, ni en la amplia atribución que entrega a los pueblos indígenas. “La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus tierras y territorios, las cuales serán administradas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación. Estos derechos no podrán ser enajenados, gravados, embargados, ni adquiridos por prescripción”, dice el artículo 7 del informe.

Otra diferencia profunda está en el caso de la minería. “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados. La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional”, estipula el artículo 22. En privado, varios convencionales reconocen que la minería es un tema que no se puede esquivar y que las comunidades esperan un pronunciamiento al menos en general. Sin embargo, también creen que debe existir un equilibrio entre la protección y el estímulo a la inversión, lo que no estaría reflejado en la redacción del articulado.

Tampoco hay acuerdo en las disposiciones del Sistema Económico y Fiscal. La creación de un Consejo de Planificación y el protagonismo del Estado no tienen respaldo en sectores progresistas, de centro y la derecha. “La ley regulará la actividad empresarial del Estado en atención a su función pública, la que podrá adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización. La ley podrá reservar al sector público la provisión exclusiva de bienes o servicios cuando así lo exigiere el interés general”, dice el artículo 35. Temas de propiedad o derechos humanos corren en paralelo en otras comisiones, por lo que podrían ser suprimidos para acotar la propuesta.

Esta semana, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico deberá reajustar su calendario para volver a intentarlo. En el Colectivo Socialista -y en general en el pleno- esperan que la instancia haga una autocrítica o al menos un gesto de distensión tras lo ocurrido, que pueda reparar en algo el ambiente crispado. De lo contrario, los ecoconstituyentes arriesgan que el informe de reemplazo vuelva a llegar sin acuerdo, con mínimas opciones de llegar al borrador de la nueva Constitución.