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Las dudas que dejó el Estado regional y la necesidad de “explicar mejor” los avances de la Convención

Aún no están claras las atribuciones que tendrán las autonomías territoriales, ni en manos de quién quedarán las decisiones de proyectos de inversión, concesiones o explotación de recursos. La comisión de Participación Popular fijó una “jornada nacional de deliberación” para el 25 y 26 de marzo, que difunda y explique a la ciudadanía lo que se votó y lo que viene.

Chile será un Estado regional, plurinacional e intercultural. Finalmente, el pleno de la Convención Constitucional confirmó la nueva forma de organización del país, que, además, se dividirá en entidades territoriales autónomas. Es un nuevo modelo de organización que cambiará las formas decisionales tal y como las conocemos, y que impacta de lleno en el modelo económico actual. En particular, en las competencias.

Aún no es claro -en concreto- cuál será el margen de competencias de cada entidad. ¿Por qué? Porque el mismo pleno devolvió a comisión -fue aprobado, pero no alcanzó el quorum de dos tercios- la norma que establecía que “las regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas y las comunas autónomas cuentan con personalidad jurídica, estatuto de patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo como límite el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Esto último es clave, ya que un estatuto autónomo con esas características trasladará a los territorios las decisiones respecto a proyectos de inversión y de sectores estratégicos. Lo dicho, independiente del órgano regional que finalmente se establezca, como una Asamblea Regional u otra fórmula.

Esa tesis ha sido defendida por una mayoría de convencionales en el debate de las comisiones. De hecho, en la sesión de la comisión de Forma del Estado del lunes 20, se siguió debatiendo sobre los márgenes de las entidades territoriales indígenas, y que apuntan a fijar un articulado para una “nueva economía” que incluya tierras, autonomía y capacitación.

En el borrador de la nueva Constitución fue incluida la consulta y consentimiento de “Pueblos y naciones preexistentes al Estado en materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos”. También fue aprobado por dos tercios el artículo que vincula al Estado con la transferencia “a las entidades territoriales aquellas competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son susceptibles de transferencia. Estas transferencias deberán ir acompañadas de personal y los recursos financieros oportunos y suficientes para su adecuada ejecución”.

Lo anterior, además, deberá ser armonizado con los artículos que provienen de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que llegará a votación del pleno en los próximos días y que, como ya hemos contado, tiene una primacía del medio ambiente en temas como explotación de recursos, proyectos de inversión, otorgamiento de concesiones y un rol mucho más activo del Estado en la economía.

Difundir más, explicar mejor

En privado, los convencionales reconocen que faltan mecanismos para entregar certezas de lo que significa un Estado regional. Al menos, a modo general. Esto, porque es un modelo “nuevo” para lo que actualmente conocemos, y que más allá de las alertas levantadas por algunos sectores, no hay canales masivos para que la ciudadanía comprenda lo que se está votando, qué es lo nuevo, en qué cambia el orden actual, y que de ese modo no pierda la confianza en el proceso.

La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, intentó aclarar un poco las dudas que surgieron con el Estado regional. “Van a haber entidades territoriales autónomas, que van a tener ciertas potestades administrativas, financieras. Las legislativas aún están en veremos, volvieron a la comisión para ser perfeccionadas (…) Un solo Estado, pero con autonomías para que las regiones funcionen y decidan sobre sus vidas de forma autónoma. Recordemos que esta es la propuesta, todavía falta el plebiscito y otras etapas”, explicó Quinteros, quien además manifestó que esta migración de las decisiones a los territorios podría durar “entre dos a tres años, y con responsabilidad fiscal”.

El lunes 20, en la comisión de Participación Popular, se debatió la posibilidad de un mecanismo de participación y difusión para comunicar -y explicar- a la ciudadanía lo que se está aprobando en la Convención. En la instancia, reconocieron que es complejo incluir indicaciones ciudadanas en esta etapa del proceso -la votación de las normas en el pleno- con artículos que ya han sido aprobados, como el Estado regional. A eso se suman las extensas jornadas de votación de cada informe en el pleno, que avanza al límite del plazo establecido para su funcionamiento. Hubo acuerdo, sin embargo, en agotar los esfuerzos para dar a conocer las votaciones pedagógicamente.

Una de las ideas de la comisión es generar una jornada de deliberación nacional, para incluir la opinión de la ciudadanía y explicar los pasos que la Convención ha dado. El convencional Jorge Baradit vaticinó que en abril la campaña del rechazo estará “desatada”, y que es fundamental, a su juicio, que la Convención antes de la etapa final realice un recuento de lo avanzado con un día de despliegue territorial de los 154 convencionales. “Uno de los problemas de la Convención es que la gente no entiende lo que está pasando, pero cuando tengo oportunidad de explicarlo, baja la tensión, entienden”, afirmó Baradit.

En tanto, la convencional Trinidad Castillo propuso que, a partir de marzo, los colegios y las universidades de todo el país reciban material para exponer los avances del pleno y se impulsen cabildos explicativos.

La comisión de Participación Popular definió la creación de un equipo para sacar adelante la jornada de deliberación nacional, y propuso el 25 y 26 de marzo como fecha tentativa -que será planteada a la mesa de la instancia- para explicar a la ciudadanía, a modo general, los avances de la Convención Constitucional, y que pueda recibir feedback de los participantes.