La comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico deliberó en general sobre las normas correspondientes a la economía, y que fijan un marco para los cambios estructurales. La solidaridad y el interés general, la protección de los bienes comunes y el rol activo del Estado son los pilares del debate.  

El sábado 19, durante todo el día, la comisión de Medio Ambiente continuó la deliberación y votación -en general- de las normas que corresponden al esperado bloque que fija los márgenes del modelo económico. En la jornada, varias de las iniciativas aprobadas serán el contorno del nuevo modelo que regirá a Chile. Esto, a falta de las votaciones en particular. En contrapartida, también quedaron en el camino algunas de las iniciativas populares.

Una de esas discusiones fue el proyecto popular de norma que ponía en revisión los tratados internacionales de libre comercio suscritos por Chile. La polémica propuesta obtuvo ocho votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, por lo cual fue rechazada. Otra de las iniciativas populares que quedó en el camino fue la disposición sobre “el derecho a emprender y desarrollar cualquier actividad económica”, que alcanzó solo seis votos favorables.

Distinta suerte corrieron las iniciativas de los convencionales. La norma que fija límites para los tratados de libre comercio, presentada por un grupo de representantes de izquierda, fue aprobada por 11 votos a favor y cinco en contra. Lo mismo para la norma que consagra el reconocimiento de una “dimensión social y solidaria” en la economía, con 14 votos favorables.

Otra de las normas aprobadas fue la propuesta sobre principios económicos, presentada por convencionales socialistas y del Frente Amplio, y que fija cinco preceptos: “solidarizar las relaciones y las instituciones; democratizar la economía y sus decisiones; democratizar la propiedad y desconcentrar la economía; soberanía económica y de recursos naturales; y valorar y consagrar el trabajo decente”. En la misma línea, se aprobó la iniciativa que reconoce al cooperativismo como un modelo de la economía social y solidaria. “El Estado deberá promover, regular y fortalecer la actividad cooperativa con el afán de crear instancias asociativas, democráticas, paritarias, de emprendimiento, en beneficio de sus asociados, al inicio y de acompañamiento a través del tiempo”, dice parte del texto.

También fue aprobada la iniciativa -impulsada por representantes de pueblos indígenas- con una serie de medidas para la responsabilidad empresarial, como el respeto a los derechos humanos, actuar con diligencia y la consignación de medidas de reparación para el daño causado. Con 10 votos a favor y ocho en contra, igualmente sigue en carrera la norma presentada por el convencional Hugo Gutiérrez (PC) que establece la nacionalización de empresas “por razones de orden superior y como derecho soberano de los pueblos”. A ambas les esperan un incierto futuro en la votación en particular, y en un eventual arribo al pleno.

Sin embargo, una de las normas que, a juicio de los propios convencionales, fija de mejor forma los márgenes estructurales del nuevo modelo -en parte porque combina distintas visiones al interior de la Convención- fue aquella que, entre otros artículos, establece que “el Estado velará que el sistema económico se desarrolle, a lo menos, de acuerdo a criterios de justicia ambiental, sustentabilidad y protección de la naturaleza; libre iniciativa empresarial, competencia libre de prácticas desleales, iniciativa empresarial y gestión estratégica del Estado, probidad y transparencia, economía circular y tratamiento neutro de residuos, transición ecológica justa de las actividades económicas y desarrollo científico tecnológico del país; responsabilidad fiscal, solidaridad, equidad, buen uso de los recursos públicos e inapropiabilidad de los bienes comunes; desarrollo armónico y equitativo de las regiones y economías locales, reducción y superación de las desigualdades sociales y económicas, responsabilidad social y ecológica de las empresas, protección de los trabajadores y de los consumidores”.

Llamó la atención que, a pesar de tener una mayoría de ecoconstituyentes en la comisión, fue rechazada la norma para un desarrollo “ecológicamente sustentable” de la economía, y que contempla que “el Estado y sus agencias, las regiones y los gobiernos locales deberán garantizar modelos sustentables de desarrollo, con baja huella hídrica y de carbono, con enfoque ecosistémico y respetuosos de la diversidad cultural de comunidades y naciones”.

Última oportunidad

El jueves 24 -en principio- el pleno de la Convención Constitucional revisará los informes de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico que el pleno devolvió a la instancia. El informe de reemplazo (normas que fueron rechazadas en general por el pleno) contiene seis artículos; mientras que la segunda propuesta constitucional (normas rechazadas en particular) presentará tres artículos. Es la última oportunidad.

No es una semana fácil. Tras el rechazo casi completo del informe de Sistema Político -93 de 96 artículos- el ambiente entre los distintos bloques hace incierto el futuro de las votaciones que vienen. En la comisión de Medio Ambiente saben que un nuevo rechazo a las normas -que en la primera votación consiguió aprobar solo el inciso de un artículo- representaría un fracaso total. Uno de los coordinadores de la instancia, Juan José Martin, aseguró que, a diferencia de la primera presentación, esta vez sí existe consenso entre los colectivos progresistas para la aprobación de 2/3. “Están puestos todos los acuerdos. Son informes redactados para los 2/3 y ese es el espíritu que mantenemos. Vamos con esa expectativa”, explicó. Martin agregó que los reparos estuvieron concentrados en precisar el contenido en su redacción jurídica.

La orientación que recibió la comisión de parte de sus pares es que muchas de sus normas excedían o no eran materia de la Constitución. Algo que en términos generales fue subsanado, manteniendo eso sí el perfil ecologista. Ejemplo de esto es el artículo dedicado a la democracia ambiental, y que deja en manos de una futura ley a “los mecanismos de participación” y a la entrega de información de parte de los particulares.

Respecto del modelo económico, para Daniel Soto, Estratega Jefe de Inversiones SURA, los ojos están puestos en “qué tan restrictivo podría ser el cuidado del medio ambiente y cómo estas definiciones se relacionarían con el desarrollo de actividades mineras, forestales o vitivinícolas; tres actividades que en Chile son fundamentales para el dinamismo de su economía”.

En referencia a los bienes comunes -una de las definiciones más polémicas y con menor consenso entre los convencionales- la norma quedó redactada de la siguiente forma: “Autorizaciones de uso. El Estado puede autorizar el uso de esta clase de bienes. La ley establecerá las condiciones de otorgamiento, obligaciones, restricciones, tarifas, temporalidad, renovación, extinción y demás aspectos pertinentes”. Además, se suprimieron varios de los artículos más controvertidos.

Lo mismo ocurrió con las normas sobre los derechos de la naturaleza, en donde se redujo el articulado a su reconocimiento, y a la atribución de una potencial ley su conservación y uso.

También fue reducida la referencia sobre los derechos de los animales, algo que fue criticado por los convencionales de Vamos por Chile por su primacía por sobre otros derechos. “Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia”, dice la indicación.