Una banca estatal -que funcionaría en paralelo a BancoEstado-, nuevas empresas en la minería, otra institucionalidad en la administración de aguas y un sistema único de salud están en la agenda. Entre las propuestas de los convencionales y las iniciativas populares de norma, se podrían llegar a establecer múltiples entidades para la administración en temas prioritarios para la ciudadanía, en un cambio del modelo económico.

El jueves, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico debatió la creación de una especie de BancoEstado paralelo. Se trata de una banca estatal, iniciativa liderada por la convencional Ivanna Olivares, de Movimiento Territorial Constituyente, junto a ocho de sus pares. Según explicó, la finalidad es “fomentar las actividades productivas para el acceso al financiamiento para el desarrollo de los emprendimientos y PYME (…) además de mejorar el acceso a los créditos a bajo costo para que las personas puedan tener la vivienda que merecen”. Llamó la atención que la misión de BancoEstado es similar al rol que cumpliría esta nueva banca.

La idea se sumó a otras normas similares que pretenden cambiar o caducar concesiones, modificar el rol que cumplen algunas empresas, o bien, aumentar el rol del Estado en algunos sectores productivos estratégicos. Todo esto, ad portas de la discusión en particular, el paso previo al arribo de estas iniciativas al pleno de la Convención para su votación final.

La propuesta de una banca estatal no pasó desapercibida entre los convencionales. ¿Por qué? Por su financiamiento. En un primer momento, incluía un artículo que establecía que sus recursos provendrían de los fondos de pensiones, pero esto no concitó respaldo. Más tarde, sin embargo, se modificó el mecanismo, estableciendo que se echaría mano a los capitales actuales de BancoEstado para financiar a la banca estatal. Si bien se aprobó la banca estatal en general, su fórmula de financiamiento fue rechazada.

“Esto me parece más una modificación a la Ley del BancoEstado, la Corfo, y de las demás agencias de fomento, que una norma constitucional. Y como norma no está claro quién financia, quién va a asumir las pérdidas ¿Las va a asumir el Estado? ¿Todos los chilenos vamos a asumir los malos negocios de este banco de desarrollo? No veo cómo esto pueda funcionar”, afirmó el convencional Bernardo Fontaine, de Vamos por Chile.

Es similar la posición de Trinidad Castillo, convencional independiente: “Yo rechazo esta norma, tiene un buen espíritu, el BancoEstado tiene cosas que mejorar como los 300 pesos en cada giro (…) pero mezcla conceptualmente el banco del desarrollo y un banco comercial. Una identidad como ésta -la banca estatal- no debiera tener giro comercial ni menos reemplazar al BancoEstado”.

Como fue aprobada en general, pero con rechazos en su articulado, será la discusión en particular en la misma comisión la que defina el carácter y su financiamiento.

Más empresas, sin lucro

Entre las iniciativas populares de norma que comenzarán a ser debatidas, y que en principio crearía nuevas empresas estatales, destaca la nacionalización de compañías de explotación y exploración de bienes estratégicos de la minería, como el cobre, litio y oro. El Presidente de la República tendría un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución para llevar adelante la nacionalización. La primera de ellas sería una empresa nacional del litio. En privado, algunos convencionales creen que es improbable que una idea así logre los 2/3, pero sí podría cambiar estatutos y reglas, y podría fijar la creación o ampliación de una empresa estatal.

En la misma línea, 17 convencionales presentaron una norma que fija el cambio del sistema previsional: los fondos de pensiones pasarían a ser administrados por empresas estatales. “La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”, dice el texto, que considera el mismo plazo de implementación que en el caso de la nacionalización de los bienes estratégicos: un año. La propuesta choca con dos iniciativas populares que defienden un sistema privado de administración.

Entre esas propuestas populares que alcanzaron las 15 mil firmas necesarias, hay dos que establecen la creación un sistema único de salud, poniendo fin a las Isapres. “En el sistema único de salud podrán participar personas naturales y jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo giro único sea la provisión de servicios de salud. Serán reguladas por el Sistema, en su ejercicio clínico y financiero, bajo las mismas medidas que las instituciones públicas que lo integran, mediante contrato o convenio de derecho público y percibirán de él por sus servicios, montos iguales a los definidos para el Sistema Único de Salud”, afirma una de las iniciativas.

El mismo camino sigue la propuesta en defensa del agua, que en principio caducaría los derechos actuales e impulsaría una nueva institucionalidad. “Las licencias de uso de aguas son permisos de carácter temporal otorgados por la autoridad a los particulares en calidad de custodios y de manera temporal; no serán comerciables, y estarán sujetos a revocación y obligaciones asociadas a la función social y ecológica del agua. Toda persona podrá exigir que se haga uso efectivo de esa licencia”, expresa la iniciativa, que entraría en funcionamiento con la aprobación de la nueva Constitución, y que propone una evaluación a través de una comisión ad hoc para la “recuperación y redistribución de las aguas”.

Esta última va en línea con otra iniciativa popular para que la nueva Constitución “reconozca que los servicios públicos son la base de una sociedad justa y sostenible, permitiendo su adaptación y ampliación según el contexto social y protegiéndolos frente a la mercantilización”. La mesa directiva de la Convención ya comenzó a enviar las iniciativas populares de norma a las comisiones respectivas, para su deliberación.