Derogar el código de aguas; que el Estado y/o las empresas regionales sean las que administren el sector sanitario; la temporalidad de los derechos; la supervisión y repartición a través de una agencia; o la potestad de los territorios en su uso. Son parte de las normas sobre el agua que en los próximos días llegarán al pleno de la Convención, y que enfrentarán a distintas posturas.

La tramitación no será fácil ni tranquila. Esa es la opinión que, en privado, adelantan algunos convencionales respecto a las normas sobre el uso, concesión y propiedad del agua. Ha sido uno de los debates más extensos que ha dado la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, y que cruza además a otras discusiones, como la soberanía alimentaria, los derechos de los pueblos originarios, la agricultura -y la eventual participación de organizaciones territoriales en la definición de políticas públicas- y las concesiones actuales de empresas de todos los tamaños en sectores estratégicos y regionales. La discusión llegará al pleno en el segundo informe, que aún se encuentra en etapa de votación de la instancia.  

A pesar del duro revés que sufrió la comisión con su primer informe -donde fue aprobado solo un inciso de los 40 artículos presentados- la definición sobre la gobernanza del agua que impulsa la instancia, hasta ahora, es polémica, cambia radicalmente el estado actual de las cosas, y ya levanta alertas no tan solo sobre un eventual consenso: también sobre su viabilidad. Uno de los coordinadores de la comisión, Juan José Martín, explica de este modo el fracaso del primer informe y cómo enfrentarán los temas que están por venir. “Lo que nosotros escribimos en esta Constitución, en gran parte es una innovación, sobre todo para nuestro país. Aún más estar hablando de conceptos como crisis climática, derecho de los animales, derecho a la naturaleza o bienes comunes”, dice Martin.

Los ecoconstituyentes, junto a cientos de organizaciones locales y regionales, son partidarios de caducar todas las concesiones y derechos de agua existentes hasta ahora, e iniciar una nueva repartición que tenga en primer lugar a los agricultores, a los productores de zonas rurales y a las comunidades locales. Si bien en la Convención existe un amplio reconocimiento a la emergencia climática actual, y la escasez de agua -incluso ya se empieza a hablar de modos de racionamiento- la radicalidad de la idea se enfrentará a la tesis respecto a que la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico sigue sin apuntar a mayores confluencias. El tiempo se agota.  

Código, derechos y sanitarias

El Presidente de la República, Gabriel Boric, en una entrevista el lunes 14 hizo referencia a la compleja situación del abastecimiento del agua, no solo en la Región Metropolitana. Ahí alertó la urgencia de “mejorar el racionamiento del agua y terminar -y esto también es parte del debate constitucional- con la concentración de los derechos de agua que existe en ciertos lugares, que ha dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recursos”, dijo, haciendo referencia directa a la discusión en la Convención sobre el agua. Hay acuerdo en considerar al agua como un derecho humano.

En los próximos días llegarán al pleno algunas de las disposiciones en esa línea. La primera norma aprobada -en general- por la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico establece “una ley de transición hídrica que regulará el procedimiento de transformación de estos derechos de aprovechamiento hacia concesiones temporales, onerosas, revisables cada cinco años en cuanto a los caudales autorizados a usar y sujetas a causales de extinción, caducidad y revocación, con obligaciones de protección, uso racional y eficiente del agua, y toda otra limitación o restricción justificada en el interés público y el beneficio colectivo de las generaciones presentes y futuras”. De derechos a concesiones temporales.

Una segunda iniciativa -liderada por el movimiento Modatima y que cuenta con la adhesión de más de mil organizaciones ciudadanas de todo tipo- deroga el código de aguas. “Durante los tres primeros meses luego de la promulgación, la institucionalidad actual deberá utilizar todas las atribuciones legales, para iniciar procesos de redistribución de aguas, asociados a los decretos de escasez hídrica vigentes a esa fecha”, dice. Lo que buscan los impulsores de esta norma es que se termine con el “mercado del agua”, con la venta de derechos y la exclusión de pequeños agricultores y territorios rurales que ya están inmersos en planes de racionamiento debido a la escasez y alto costo.

Todo lo anterior también incluye la creación de nuevos organismos estatales -como una Agencia Nacional del Agua- que repartan la administración del recurso y supervisen el uso del agua, y con el compromiso de robustecer las normas en la fiscalización. Eso, sin embargo, es algo que algunos convencionales creen que no es materia de debate para la Convención, sino para el Congreso, o bien, para los nuevos organismos territoriales. Y puede ser una causal para que no consiga los votos suficientes en el pleno.

Otra línea de acción de la comisión, ya aprobada en general, es la salida de las empresas sanitarias y la entrada del Estado como la administradora principal del recurso hídrico. “Es responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red”. Una tesis de un sector de la convención es que se ocupe el modelo de empresas estatales regionales para administrar el agua en cada región y descentralizar su gobernanza.

Esto último ha sido cuestionado por las empresas del rubro que, a través de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, han afirmado que si bien están abiertas a eventuales modificaciones -no existiría, en sus palabras, una “defensa a ultranza” del modelo actual- se oponen a una eventual expropiación que implicaría una “carga fiscal” no calculada por el gobierno entrante; creen que la idea no se hace cargo de los desafíos de la emergencia climática; y deja en desprotección a los territorios rurales donde no existe “seguridad hídrica ni infraestructura sanitaria suficiente para el abastecimiento de agua potable”.

Con todo, hoy la comisión seguirá con la deliberación de las normas Modelo Económico, el último bloque de propuestas. Es allí donde más distancias existen entre los convencionales, y que levantó múltiples críticas de algunos incumbentes -como las asociaciones gremiales y empresariales- por el poco tiempo que se destinó a la escucha y a las exposiciones. Además, la instancia debe modificar y votar para su reenvío todos los artículos que no alcanzaron los 2/3. Está en veremos el nivel de acuerdo con el cual volverán al pleno.