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El rechazo al “corazón” del modelo económico y la preocupación por las certezas y márgenes del debate

El rechazo a las normas de un estatuto minero, de la libertad económica, la libre competencia y la iniciativa privada, marcaron la trayectoria de votación de las primeras iniciativas en la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Para la mayoría de los convencionales, lo presentado fue “más de lo mismo”.

Por estos días, las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional comenzaron a debatir y a sancionar las primeras normas de la futura Constitución. Tras semanas de audiencias, los convencionales arrancaron con la deliberación, no exenta de polémicas, y que cuenta con un plazo acotado: hasta el 15 de febrero. En esta etapa, se aprueban -o rechazan- las iniciativas de norma por mayoría simple, aunque están sujetas a indicaciones en el pleno. En este tiempo también se incluirá a las iniciativas populares, donde 47 de ellas, hasta ahora, han conseguido las 15 mil firmas necesarias. El contenido de lo aprobado en cada comisión temática -que ha preocupado a algunos sectores por su radicalidad- podría cambiar en las sesiones generales, donde sí corre la regla de los dos tercios. El plazo fatal para el borrador final de la nueva Constitución es el 22 de abril.

Como el tiempo destinado al debate se hizo corto para la mayoría de las comisiones, fueron varios los temas que no pudieron debatirse en profundidad, y que quedaron acotados a las preguntas y respuestas a las presentaciones de normas por parte de los constituyentes. En algunos casos, el espacio de discusión y deliberación es de solo 30 minutos.

En privado, algunos convencionales reconocen que, en la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza y Modelo Económico, el tiempo destinado a conversar sobre la economía, a la libertad de emprendimiento o a la propiedad privada, fue mucho menor al esperado. Por eso, existe molestia y preocupación en sectores de la sociedad -como el gremio empresarial- ya no solo porque varios de sus asociados no lograron ser escuchados en la Convención, sino además porque muchas de las normas claves para dar certezas a la inversión y a la defensa de la propiedad están siendo poco discutidas o descartadas.

“Muchas veces son inentendibles como, por ejemplo, rechazar el emprendimiento, el desarrollo, la libertad de innovar, la libertad de emprender, la libertad de hacer empresa, de la retribución justa, como ocurrió en una de las comisiones; o bien, situaciones como saltarse el orden jurídico respecto de las concesiones que el país ha otorgado y, en este caso, el Estado ha otorgado a muchas personas que hacen posible el desarrollo”, dijo Juan Sutil, líder de los empresarios.

Es “más de lo mismo”

Una de esas normas es la iniciativa presentada por los convencionales de Vamos por Chile Harry Jürgensen y Rodrigo Álvarez, para asegurar la libertad económica, la libre competencia, la iniciativa privada y el deber del Estado de proteger y promover a través de un tribunal de defensa. Tras 10 minutos de exposición, la idea definitivamente no fue bien recibida por la comisión.

“Se mantienen los mismos principios de la Constitución del 80, y nosotros no vinimos a eso (…) no sé qué resuelve esta norma si es más de lo mismo”, dijo la constitucional Isabel Godoy. La secundó el convencional Fernando Salinas: “¿Por qué se sigue comparando a Chile con la OCDE?”. La convencional Carolina Sepúlveda fue aún más dura: “En la norma dice economía social de mercado. Eso implica constitucionalmente que es neoliberalismo y no un Estado social de derechos”. Cerró la convencional Carolina Sepúlveda, que en el debate cuestionó “por qué ofrecerle a Chile una salud o una educación privadas, si las manifestaciones, si la indignación de la gente indica lo contrario”.

“El sistema que nosotros queremos consagrar nada tiene que ver con el neoliberalismo, esa es una consigna que se usa para desprestigiar la economía social de mercado (…) quienes sustentamos que el mercado funciona solo cuando hay competencia, tenemos que procurar que esa competencia exista siempre, y por supuesto que necesitamos un Estado mejor preparado (…) no hay mejor sistema que la economía social de mercado”, respondió Jürgensen a sus pares. “Nadie puede hablar totalmente por la ciudadanía, pero hay mucha gente que sí valora los elementos de libertad económica, propiedad privada y el crecimiento”, secundó Álvarez.

“Este proyecto de norma representa los valores por los cuales nos hemos movilizado en contra durante todos estos años”, retrucó Camila Zárate. Finalmente, la propuesta, que fue catalogada por los convencionales como el “corazón” del actual modelo, fue rechazada en sus tres incisos.

Ideas “parciales”

En contrapartida, sí fue aprobada la norma que establece el deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares. La convencional Ivanna Olivares explicó que “estamos planteando cómo el Estado va a tener el deber de estar limitando las actividades empresariales a través de, por ejemplo, el respeto irrestricto a la naturaleza, el respeto a los derechos humanos y de los pueblos originarios”. Esta norma, sin embargo, fue criticada por los convencionales de centroderecha, quienes la calificaron como una idea “parcial” y “experimental”, y que no necesariamente debería ser parte de la nueva Constitución.

En la misma línea con la norma que protegía la libertad económica, los convencionales de Vamos por Chile presentaron otra iniciativa, esta vez, para establecer el estatuto constitucional de la minería, que buscaba conservar algunos aspectos fundamentales de las concesiones tal y como se han llevado adelante hasta hoy. La propuesta fue rechazada, en línea con la tesis mayoritaria de que la minería -y otras actividades- deberán estar subordinadas al medio ambiente y a los derechos de la naturaleza, y no al revés. El presidente de la Sonami, Diego Hernández, criticó esta idea, que podría afectar a las concesiones mineras actuales y futuras. “Es la certeza la que ha permitido que la minería sea lo exitosa que ha sido hasta ahora”, dijo

“Hay que encontrar un equilibrio entre poder dar certeza jurídica a los proyectos que finalmente tengan impacto ambiental y que conversen con el desarrollo de Chile y, por otra parte, que las externalidades negativas que puedan tener estos proyectos ambientales sean correctamente compensadas”, explica Daniel Soto, estratega jefe de SURA Inversiones.  

Con todo, esta semana continúa la votación en general de las normas, que además recibirá a las iniciativas populares de norma que logren 15 mil firmas hasta el 1 de febrero. Ya alcanzaron las adhesiones, entre otras, el derecho al ahorro privado, la libertad para emprender, el libre derecho sobre la propiedad privada y los derechos de la naturaleza, agua y glaciares. Sigue el debate.