Mientras se repiensan diversos aspectos que ordenan al país, el rol del Banco Central y sus atribuciones también son parte de la conversación. ¿Debe mantener su independencia? ¿Es positivo que sus consejeros puedan ser acusados constitucionalmente? Aquí, algunas luces de los puntos más relevantes en este tema.

“La banca central es hoy un componente imprescindible de la institucionalidad económica en todos los países del mundo”, comentó el 9 de noviembre el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en su presentación ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constituyente.

De esta manera comenzó la discusión respecto a la importancia de revisar y definir los lineamientos que rigen al ente regulador en la nueva Carta Magna.

“Los bancos centrales existen en todos los países. Pese a ello, son una creación relativamente nueva. La mayoría de los bancos centrales se crearon a comienzos del siglo XX, el de Chile en 1925, y surgieron como parte de un proceso democratizador en todo el mundo, que expandió las funciones del Estado en materias económicas”, afirmó. La experiencia de inflación alta y sostenida por 40 años fue concentrando las funciones el Banco Central hacia su control, hasta que en la crisis de 1982 tomó relevancia el rol de resguardar la estabilidad financiera del país, transformándose en sus atribuciones principales hasta hoy de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional (LOC).

Marcel destacó que la Constitución actual contiene solo dos artículos en torno al Central: se establece que es un organismo autónomo y que la LOC regulará su funcionamiento. A ello, se suman ciertos mandatos para su funcionamiento, como la prohibición de financiar organismos públicos o hacer operaciones con instituciones financieras.

Es sobre esa base que los convencionales deberán discutir las definiciones sobre la entidad, que pueden incorporar nuevas atribuciones o cambiar por completo su funcionamiento.

“Es importante que los temas que regulan al Banco Central queden estipulados en la nueva Constitución, conociendo la realidad chilena es mejor. Porque es un ente de credibilidad muy importante, hay países que no lo tienen, pero creo que es mejor que esté establecido. Cuando se mira la historia de la banca central en Chile, es una que tiene antecedentes de mucho construir. Es una institución que tiene mérito y que se ha ganado el respeto de todos”, detalla Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, excoordinador de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y ex presidente de BancoEstado.

Uno de los aspectos esenciales que se van a discutir es su autonomía. “No hay ninguna duda de que el Banco Central debe tener autonomía de instrumentos, tiene que decir qué instrumentos va a utilizar para estabilizar la inflación o para intervenir el mercado cambiario, eso es algo que tiene que ser absolutamente fijado por él”, indica.

Daniel Soto, jefe de Estrategia de SURA Inversiones, afirma que hay evidencia empírica de que la independencia de los bancos centrales al gobierno de turno genera estabilidad en los precios de los bienes y servicios de la economía, “lo que redunda en bajas tasas de interés, confianza de los agentes económicos, mayor inversión, crecimiento y desarrollo, y, por último, bienestar para la población. Es decir, tiene un impacto fundamental”.

No obstante, Larraín acota que, en algunos países, le entregan al gobierno un rol de fijación de algunas políticas, como tener una meta de inflación: “Es algo que muchos países hacen, que le dicen al Banco Central. Pero creo que en Chile, por la forma en que opera y su historia, lo más razonable es mantenerlo tal cual como está. Hay tanto cambio institucional en curso, que me parece que no es necesario introducir más”.  

Coincide en ello Andrés Chirgwin, abogado y socio del estudio Chirgwin. “El Banco Central tiene un desempeño y reputación ejemplar dentro de los órganos del Estado chileno. La primera pregunta que creo uno debería hacerse ante tal estado de cosas es si efectivamente es conveniente para el país revisitar y alterar organismos de tan alta legitimidad y prestigio, por parte de otros órganos de mucho menor competencia técnica y desempeño, como lo es la Convención Constituyente”.

Agrega que no ha visto “sugerencias de modificaciones que puedan razonablemente mejorar lo actualmente existente sin implicar un riesgo importante de politización y desmejora de política pública”. Y da el ejemplo de lo que ocurre en Argentina, “donde un Banco Central supuestamente autónomo (“autárquico”, en la terminología que utilizan), en definitiva, es constantemente influenciado por las fuerzas políticas para el avance de sus propias agendas, contra el interés y los derechos de las personas”.

“Habrá mucho debate y discusión. Hay mucha gente que tiene dudas y es importante que esas dudas se discutan y se debatan con buenos argumentos. No estamos hablando de un tema tabú, por lo que es importante que las personas tengan respuestas. Me parece bien que se converse y sea parte del debate”, dice Larraín.  

Su misión y la UF

Son varias las materias que se van a empezar a discutir en torno al funcionamiento del Banco Central, como la misión que tiene para la economía del país: “En algunos países, el Banco Central tiene como rol promover el desarrollo económico o aumentar el PIB, pero no se pueden cumplir múltiples objetivos a la vez. Su rol como agente controlador de la inflación es lo correcto, así como que esta sea la única variable que esté mirando y no otras, porque se corre el riesgo de que ese objetivo vaya cambiando a lo largo del tiempo”, comenta Esteban Carrasco, director de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián.

“De buenas a primeras uno podría decir que no hay nada que revisar del Banco Central, dado que sus sólidos resultados están a la vista. Pero si quisiéramos forzar este ejercicio, se podrían revisar los objetivos del organismo; agregar una tasa de desempleo como objetivo y/o tasa de crecimiento, ambas identificadas con criterios técnicos más bien estructurales. O, por ejemplo, que el Banco Central tenga facultades más amplias en la compra de activos que las actualmente tiene, en épocas de recesión o de excepción constitucional”, propone Soto, agregando que son atribuciones que tienen otros bancos centrales, como la Reserva Federal, en Estados Unidos, o el Banco Central Europeo. “Sin embargo, hay que tener una discusión técnica previa de si los mecanismos de transmisión de la política monetaria y la estructura del mercado de capitales de Chile permiten incorporar esos objetivos al organismo, si no, no tendría ningún sentido”, añade.

Dentro de la Convención se han levantado voces que han planteado también la necesidad de discutir el rol y responsabilidad de los consejeros del Banco Central. “Se discute en la Convención Constitucional que se pueda acusar constitucionalmente a los consejeros, lo cual consideramos que es una mala idea, dado que politiza un organismo netamente técnico. Esto último ha sido lo que ha blindado al Banco Central de todas las crisis políticas y así poder llevar a cabo su mandato sin presiones”, indica Soto.

Otro elemento para analizar, incluso, será la mantención de la UF como unidad monetaria: “Es una discusión que se ha sostenido por mucho tiempo. No son claros sus beneficios y costos, uno de estos últimos es que tiende a darle cierta inercia a la inflación, pero, por otro lado, ayuda a resguardar el valor de ciertos activos como las propiedades o ciertas cuentas de ahorro”, destaca Carrasco.

Para Larraín, un tema que también es necesario definir está relacionado con la rendición de cuentas hacia las personas, con el fin de que la gente entienda que sus decisiones no se rigen por razones políticas, sino por aspectos técnicos. “Que una institución poderosa y autónoma tenga que explicarle a la ciudadanía qué está haciendo, para que no haya dudas de que se hacen con ese fin”, recalca.