Los convencionales de la instancia -agrupados en los ecoconstituyentes- creen que faltó explicar mejor las normas del informe rechazado casi en su integridad por el pleno. Sin embargo, los artículos que vienen en los próximos informes son polémicos, que incluyen expropiaciones y nacionalizaciones de empresas sanitarias y mineras, así como caducar y reasignar los derechos de agua y de bienes públicos.

La “complejidad” de las normas y “el tiempo destinado al debate”. Esos habrían sido, en palabras del convencional y coordinador Juan José Martín, los obstáculos que impidieron a la Convención aprobar el primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico el pasado jueves 3 y viernes 4. En su votación en general, solo seis de 40 artículos fueron aprobados. Hasta ahora, es el peor rendimiento de un informe de comisión y levantó múltiples críticas. En la votación en particular, el panorama fue aún más dramático: solo se aprobó el inciso de un artículo: “El Estado promoverá el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza”. El resto volvió a la comisión.

La votación confirmó lo que días antes ya se sabía: existe un amplio acuerdo al interior de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico -en especial entre los autodenominados ecoconstituyentes, que son mayoría- que no se replica fuera de ella.

Muchos convencionales creen que lo que está aprobando la comisión es maximalista, parcial, que excede sus atribuciones y no se condice con el esfuerzo que sí están haciendo sus pares en otras instancias: tratar de simplificar las normas hasta alcanzar grados de acuerdo amplio y evitar rechazos. Incluso, previo a la votación se levantaron alertas de múltiples sectores respecto a que algunas normas se traslapaban con otras ya aprobadas, o bien, otras simplemente no tendrían sentido en una Constitución que fija un marco general y no particular. No sería solo un problema de redacción, o como dijo la convencional y coordinadora de la comisión, Camila Zárate, de un trabajo que ha estado bajo un “asedio mediático importante”.

“Por esfuerzo, la comisión no se quedó, más de 280 audiencias, una cantidad de trabajo enorme, pero cuando uno ve esa cantidad de trabajo, esa cantidad de tiempo, y la cantidad de artículos propuestos… Muchos no tenían nada que ver con la Constitución, eran materia de leyes, materias reglamentarias incluso, entonces uno dice bueno, aquí tenemos un problema”, dijo el convencional Felipe Harboe. “Echarles la culpa a los medios o a elementos externos es no asumir que el 85% de las normas fueron rechazadas por el pleno”, agregó.

El panorama de la comisión sigue siendo muy incierto. Las normas que se han aprobado en las sesiones del sábado 5 y el lunes 7 podrían correr la misma suerte de sus antecesoras por el impacto en la regulación actual.

Nacionalización de la minería

Tras el revés en el pleno, la comisión siguió deliberando. El viernes 4 fue el caso del agua. La mayoría de los eco constituyentes está por expropiar todos los derechos y concesiones para su reasignación, incluyendo que el Estado asuma el rol que actualmente ocupan las sanitarias.

El sábado 5, en tanto, le tocó el turno a la minería. Por 13 votos a favor y tres abstenciones la comisión aprobó una iniciativa de estatuto minero, que en uno de sus artículos transitorios determina que “el Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de un año desde la promulgación de la nueva Constitución para implementar dicha disposición”.

Lo aprobado el sábado no aclara si existe o no indemnización. Avanza en el fin de las concesiones de todo tipo en áreas de exclusión, y de todas las concesiones mineras apenas se promulgue la nueva Constitución, y define también que el Estado tendrá el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible” de los bienes públicos. Lo anterior, incluye la atribución para que el gobierno nacionalice las empresas mineras en el momento en que así lo decida, además de la creación de una Comisión de Transición Minera que supervisaría a cada concesión y a su respectiva adecuación a la nueva regulación.

A pesar de lo polémico del informe, esta vez sí habría mayor acuerdo en el pleno, al menos, en las normas sobre nacionalización. “Creemos que eso va a perseverar en el pleno de la Convención. Sería impresentable que alguna fuerza progresista, alguna fuerza transformadora, alguna fuerza de izquierda negase que el cobre y los recursos estratégicos sean de todas las chilenas y todos los chilenos. Tenemos que terminar con el abuso de las transnacionales con nuestros recursos naturales”, dijo el convencional Marcos Barraza (PC).

En Vamos por Chile no creen lo mismo. “Es legítimo, pero equivocado, que algunos quieran usar la Constitución para que terminemos con la actividad minera. Esto es un capricho”, dijo el convencional Bernardo Fontaine. Uno de los argumentos que este grupo utilizará en el pleno, es que la comisión está excediendo sus atribuciones y materias sin considerar -ni siquiera- las mitigaciones económicas correspondientes. En el sector creen que el fracaso del primer informe obligará a la comisión a acercar posiciones.

Daniel Soto, estratega jefe de SURA Inversiones, afirmó que “el modelo económico tiene que resguardar de manera clara temas como la propiedad privada, el derecho a emprender, las cláusulas de las indemnizaciones que el Estado podría generarle a los ciudadanos y sobre los alcances de los sistemas impositivos”. El cálculo de las supuestas expropiaciones, su plazo de pago, el perjuicio al erario y el mecanismo de financiamiento, son algunas de las interrogantes de los artículos que probablemente surjan en el segundo informe de pleno.

Los gremios empresariales también están en alerta. Las sanitarias calificaron las normas como una “mala noticia” que retrocedería “en 30 años” el desarrollo del sector. En tanto, el Consejo Minero cree que, si estas normas llegan a la Constitución, no habrá “incentivo alguno” para la inversión.

El lunes 7 en la mañana, en tanto, en la votación del estatuto de tierras se incluyó la restitución de territorios a comunidades indígenas que habrían sido despojadas a pesar de su derecho ancestral, y el traspaso -o expropiación- de las empresas forestales a quienes serían los dueños de esos terrenos que hoy estarían en ocupación.

La revisión de los tratados

Si bien muchas de las normas que ya han sido debatidas tienen que ver -algo o mucho- con los márgenes del modelo económico, el lunes 7 en la tarde partieron las exposiciones de las propuestas en esa área temática.

El primer tema fue la iniciativa popular de norma respecto a los tratados internacionales, relaciones y soberanía de los pueblos, y contó con la presentación de la organización Chile sin TPP-11. Entre esos artículos está la inclusión de un plebiscito para decidir la adhesión a convenios y la revisión de todos los tratados bilaterales de cooperación y comercio actualmente vigentes. A juicio de la organización, esta norma fue “caricaturizada” por los medios. En la misma línea, Hassan Akram, asesor del convencional Mauricio Daza, defendió otra iniciativa que propone un mecanismo de resolución de controversias si es que los tratados o las empresas no cumplen en algún punto, con el desarrollo sostenible y la emergencia climática.

En el listado, estaban consideradas, entre otras, la iniciativa popular que defiende la necesidad de emprender y de iniciar cualquier actividad económica, impulsada por la Multigremial de Emprendedores. El análisis y revisión de las normas se extendió hasta última hora, y seguirá durante toda la semana.