Un sistema universal de salud, un nuevo sistema de seguridad social y garantizar el acceso a la vivienda. Estas propuestas son parte del despliegue del Estado social de derechos, incluido en el informe de la comisión de Derechos Fundamentales y que esta semana inicia su deliberación en el pleno. Buena parte de las esperanzas de los convencionales para una consolidación de la opción Apruebo están puestas en este catálogo de derechos.

Es la “piedra fundante” de la nueva Constitución. A partir hoy, el pleno de la Convención deliberará el catálogo de los derechos sociales, que es junto con el sistema político, el conjunto de normas más importantes y que mayor impacto podría tener en la decisión de la ciudadanía en el plebiscito. Según las encuestas del último fin de semana, la opción Rechazo seguiría ganando adeptos. Por eso, es este conjunto de normas -que regularán temas en Vivienda, Salud, Sistema Previsional y Educación, entre otros- tan importante, sobre todo, para el arco progresista que cree que estos son los temas que pueden inclinar la balanza favorablemente hacia el Apruebo de salida.  

El primer paso fue la definición del Estado social de derechos, el marco general que habilita a la discusión en particular. “El Estado social es parte de la garantía de que se cumplan los derechos fundamentales. Y para nosotros y nosotras era vital que, antes que se votaran los derechos sociales, estuviera garantizado el Estado social, porque va muy en conexión. Es justamente lo que va a permitir que este catálogo de derechos, que va a ser renovado, no sea solo letra muerta ni buenas intenciones, sino que haya garantía de que se cumplan”, explicó la convencional frenteamplista Beatriz Sánchez.

La tesis de la solidaridad, como una forma colectiva de un Estado garante, viene a disputar lo que anteriormente se entendía -en la Constitución que aún nos rige- como un Estado subsidiario.

Un buen ejemplo de esta tesis es el articulado en vivienda. Allí se estipula que el Estado “deberá asegurar progresivamente y con el máximo de los recursos disponibles el goce universal y oportuno” de este derecho, cautelando, entre otras cosas, el espacio suficiente para la producción y reproducción de la vida, la estabilidad estructural y material, el acceso y su integración social.

“El Estado se obliga a desarrollar todas las acciones necesarias para satisfacer en forma urgente la necesidad de vivienda digna a las personas y familias agrupadas en comités de vivienda, en cooperativas, en tomas de terreno y campamentos”, dice uno de los artículos, que asegura la inembargabilidad y la exención en el pago de contribuciones. “Personalmente, por esto llegué acá, este fue mi motivo más profundo, el que efectivamente los derechos sociales queden consagrados en la Constitución y que las personas sean respetadas en su dignidad desde el Estado y eso no quede en manos del mercado”, dijo el convencional Benito Baranda, de Independientes No Neutrales, colectivo que será clave para la aprobación de los nuevos derechos sociales.

El derecho a la seguridad social

“La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad”, dice uno de los primeros artículos del informe de la comisión de Derechos Fundamentales sobre este tema. Fue una de las discusiones más extensas en la instancia, tanto por la importancia de incorporar este derecho, como por las palabras que plantean el marco de un nuevo sistema con énfasis en lo público.

El informe establece que será el Estado el que defina la política de seguridad social y el control del nuevo sistema. “Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.

En este caso, no es claro si las instituciones privadas podrán seguir siendo parte del sistema, o bien, se entiende que el Estado desplegará una red pública, sin fines de lucro, que se encargue de la seguridad social de los chilenos y que, por consecuencia, deja fuera a una serie de prestadores. Es el principal cuestionamiento de los convencionales de derecha, que insisten en que, en la práctica, no habrá elección de prestador y la propiedad de esos fondos será del Estado y ya no de los usuarios. Además, no resolvería con claridad en qué pie quedarían subsistemas que incluyen a las Mutuales o a las Cajas de Compensación. “Se instala un sistema público, solidario, en el que las personas no pueden elegir quién administra sus fondos ni pueden heredarlos”, afirma el convencional de Vamos Por Chile, Alfredo Moreno.

Representantes de las Mutuales y exautoridades -como la exministra del Trabajo, María José Zaldívar- han levantado las alarmas respecto a que el nuevo sistema de seguridad social podría chocar con una mirada ideológica -de un sector de la Convención respaldada por las organizaciones detrás de No más AFP- que busca terminar con el sistema actual, pero que no tomaría en cuenta los potenciales daños colaterales que esto produciría en los subsistemas, los mecanismos y las instituciones asociadas.

Salud para todos

“El Estado garantizará este derecho, a través de un Sistema Universal de Salud de carácter nacional, público e integrado. Este se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, pertinencia territorial, descentralización, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”, dice uno de los artículos que hacen referencia al derecho a la Salud.

El plazo máximo para la implementación de este nuevo sistema sería de un año. A partir de ese momento, las aseguradoras privadas de salud dejan de percibir las cotizaciones. Varias organizaciones sociales vinculadas al área -Confusam y Fenpruss- han pedido a los convencionales que este articulado tenga “mayor profundidad”. Entre las sugerencias está que el derecho a la salud tenga la categoría de derecho humano social, y que el nuevo sistema dependa exclusivamente del Estado. Algo de eso sí está incluido en el articulado: corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud y la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.

La regla fundamental: si usted es un prestador de servicios, no puede tener fines de lucro. Será la ley ad hoc la que establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento.

Al igual que en el caso de la previsión social, algunos gremios han levantado la alerta sobre la situación en la cual quedan algunos subsistemas. Un ejemplo: los centros de diálisis privados. Otro nudo por resolver es el sistema de financiamiento que, a diferencia de otros derechos incluidos en el informe, no solo se financiaría con las rentas generales de la nación; también podría incluir una cotización solidaria. Además, surge la pregunta sobre si un eventual sistema público está preparado, en un plazo tan corto de tiempo, para absorber a millones de afiliados con distintos niveles de necesidades de prestación.

Todo se comenzará a resolver hoy. Para que los derechos sociales pasen al borrador de la Constitución, necesitarán de 103 votos favorables. El coordinador de la comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela, cree que el catálogo de derechos abre oportunidades para que sea el Estado -y el Congreso mediante ley- quienes definan los márgenes particulares. Comienza la cuenta regresiva.