Son 15 los temas que analiza la comisión que incluye al Modelo Económico y Medio Ambiente. El debate abarca modificaciones al rol del Estado en la economía, la emergencia climática, la regulación de proyectos y la protección del ecosistema, entre otros. Algunos convencionales creen que el debate no está equilibrado entre ecología y economía, y que se dejó fuera de las audiencias a organizaciones relevantes en la discusión del modelo.

Casi dos mil solicitudes de audiencias acumula la comisión sobre Modelo Económico y Medio Ambiente, y que incluye a los Bienes Naturales Comunes y los Derechos de la Naturaleza.

Es una de las comisiones que han reflejado las distancias ideológicas entre sus miembros, en especial, respecto al protagonismo que adoptará el medio ambiente versus la propiedad privada, los proyectos de inversión, el rol que tendrá el Estado en el desarrollo productivo, o cómo Chile enfrentará la emergencia climática.

La primacía de los derechos de la naturaleza -impulsada por buena parte de los miembros de la comisión y que ya ha desatado intensos debates- en contraposición a lo que se ha llamado el “extractivismo” actual, podría llegar a modificar sustancialmente lo que hasta hoy se entiende como el modelo económico.

Los constitucionales reconocen, además, que la discusión respecto al Modelo Económico ha traspasado los márgenes de la comisión y ha sido tema en otras instancias. Una de ellas es en la definición de la forma del Estado y del régimen político. De cambiar sustancialmente, se modificarán también los mecanismos de decisión y participación en áreas de inversión, sustentabilidad y adjudicación de proyectos.

La tesis de un nuevo rol del Estado en la economía, que sea prioritario y compatible con el desarrollo armónico de las comunidades y el medio ambiente -más aún en tiempos de emergencia climática- cada día gana más adeptos. No es casual que la mayoría de los convencionales se declaren ecoconstituyentes. Uno de los ejemplos que sostiene esta tesis -y que se ha repetido en el debate- es la situación de la minería y de las iniciativas privadas que habrían perjudicado a las comunidades donde se han instalado.

Una Constitución ecologista

Los coordinadores de la comisión presentaron 15 temas a discutir (entre ellos, la soberanía alimentaria, estatuto constitucional sobre minerales, régimen público económico y política fiscal) y se establecieron criterios para escuchar a las organizaciones y expertos que se apuntaron como expositores.

Una de las coordinadoras de la comisión de Modelo Económico, Camila Zárate, ya ha manifestado su posición a favor de modificaciones profundas. En entrevista al sitio País Circular, Zárate -representante del colectivo Pueblo Constituyente- afirmó que “tenemos que modificar la matriz productiva para adaptarnos a este desafío y darle un tratamiento particular al tema, no que se trate de forma separada o paralela. El mercado se tiene que adaptar a las condiciones que se van a establecer en términos ecológicos”.

Tan lejos llegó la discusión sobre el Modelo Económico, que el viernes 10, en medio del debate radial de los candidatos presidenciales, el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue consultado por su posición a la propuesta de algunos convencionales de incluir al “decrecimiento económico” dentro de la Constitución.

El diputado se manifestó en desacuerdo con la idea -que apunta a acotar con mayor rigurosidad el impacto del desarrollo económico en el ecosistema, con una reducción equitativa de la producción y un impulso a las iniciativas verdes- y la atribuyó a una minoría. Eso sí, defendió el avance de las posiciones ecologistas en la Convención. En la comisión ad hoc, la idea sigue en el aire.

El desequilibrio

Para el exministro y convencional Rodrigo Álvarez, no existe la ponderación suficiente en el debate entre ecología y economía. Lo primero estaría por sobre lo segundo, además, con una conversación muy crítica respecto a los últimos 30 años. Una de las preocupaciones es que las posturas más radicales terminen predominando en un debate que también tiene que hablar de la regla de responsabilidad fiscal, la libre competencia, los modelos de tributación o el empleo.

“Ciertamente que el medio ambiente es una de las preocupaciones de la Convención, pero al mismo tiempo tiene que existir la misma preocupación por el modelo económico, por la generación de empleo o la regla fiscal. Lo echo mucho de menos en el discurso y en el análisis. Creo que un texto constitucional requiere un equilibrio institucional en el ámbito económico”, explica Álvarez.

En esa línea, Daniel Soto, jefe de Estrategia de Inversiones SURA, advierte “si la nueva Constitución incluye protecciones medioambientales en extremo restrictivas se podría ver, por un lado, un aumento en los costos de los proyectos con impacto ambiental, dados los desembolsos que se deberían hacer en mitigación, reparación u otros, lo que podría redundar en una disminución de las inversiones en Chile. Así, un endurecimiento de las leyes medioambientales podría hacer inviable el desarrollo de ciertos proyectos, dado el aumento de costos, lo que en última instancia podría alejar la inversión”.

Poco tiempo, muchas audiencias

¿Y qué pasará con las audiencias? La cantidad de solicitudes y el plazo para la escucha y posterior redacción de los textos ad hoc, han complicado el cronograma de las comisiones de la Convención. Algunas, incluso, decidieron trabajar continuadamente hasta alcanzar a escuchar, al menos, al 50%.

En el caso de la comisión que analizará el Modelo Económico, cada día de sesión se abarcará un tema, y cada tema recibirá a 14 expositores. Al ser tan alta la cantidad de solicitudes, se fijaron criterios de elección prioritaria -pueblos originarios, comunidades históricamente excluidas, territorios y por tipo de organización- y un sorteo posterior. Estos criterios fijados por la subcomisión encargada, dejó fuera de las audiencias las exposiciones del Banco Central, a la CPC, al Consejo Minero, la CUT y a varias universidades.

El convencional de Vamos por Chile, Pablo Toloza, ingresó el lunes un oficio a la comisión para que exista la posibilidad de escuchar, en el tiempo otorgado a la redacción de las normas, a organizaciones relevantes que quedaron fuera de la lista. O al menos, que puedan enviar sus presentaciones.

Eso sí, también existe la opción de que quienes quedaron fuera por sorteo, puedan solicitar una audiencia a través de la plataforma de lobby a los convencionales, y que sean ellos quienes pongan arriba de la mesa las respectivas inquietudes.