La inclusión de la iniciativa popular de ley, acotar las atribuciones del Ejecutivo y mejorar el proceso legislativo en el Congreso, ha sido parte del debate en la Comisión de Forma del Estado, que por estos días escucha a expositores antes del inicio de la deliberación.
Desde centros de estudios, académicos, organizaciones sociales y empresariales e, incluso, el secretario de la Cámara de Diputados, han pasado por estos días por la comisión de Forma del Estado. El debate está centrando en el funcionamiento del Congreso -aún con la discusión en curso respecto a mantener o no el bicameralismo y el presidencialismo-, su eficiencia en los proyectos de ley, la posibilidad de mejorar los procesos legislativos e incluir nuevos mecanismos de democracia participativa.
Uno de esos mecanismos es la iniciativa popular de ley, que no ha existido nunca en una constitución en Chile. Han sido presentados dos proyectos en el Parlamento -en 2011 y 2015- pero no prosperaron, y la prerrogativa en la elaboración se ha mantenido en los parlamentarios y al presidente. La Convención Constitucional podría cambiar esa trayectoria.
La idea de integrar un mecanismo de este tipo -que en América ya existe en 10 países, con distintos tiempos y requisitos- en la nueva carta fundamental es casi un hecho. La distancia está en los requisitos para que exista. La iniciativa popular de ley dispone de un plazo y número de adhesiones ciudadanas respecto a un tema determinado, para que pueda ser incluido en el trámite legislativo con un tiempo de salida definido.
Iniciativas populares
En la actualidad, la propia Convención utiliza un formato de este mecanismo -la iniciativa popular de norma- que requiere 15 mil firmas para validar un tema de discusión en el pleno. Hasta ahora, de las 577 publicadas, seis han alcanzado ese requisito, entre ellas el aborto libre, la autonomía del Banco Central, el derecho a la vida y la prohibición de expropiación de los ahorros previsionales.
Una primera propuesta de iniciativa popular es que 100 mil firmas ciudadanas sean suficientes para discutir un proyecto de este tipo, con un plazo de nueve meses para reunir las adhesiones y que pueda llegar a ser discutida en el Congreso. Una segunda propuesta es que sean 200 mil firmas, con un plazo de 18 meses y con un plebiscito de salida en donde la autoridad puede presentar una contrapropuesta si es que la idea de reforma no cuenta con acuerdo.
Otra iniciativa -calificada como más radical- busca que, si una idea alcanza un determinado número de adhesiones, se convierta automáticamente en ley. La mayoría de los convencionales cree que los temas sujetos a iniciativa popular deben tener un carácter nacional y algún grado de transversalidad.
En su visita a la Convención, a fines de diciembre, la expresidenta Michelle Bachelet defendió la iniciativa popular de ley como una de las “formas de participación ciudadana constantes y frecuentes”, junto a otros mecanismos de democracia participativa. En esa línea, entre los miembros de la centroderecha en la Convención existe apertura a la idea de incluir fórmulas como la iniciativa popular, pero siempre y cuando sus requisitos se enmarquen en la democracia representativa. Vale decir, siempre y cuando los temas a discutir no deliberen sobre las materias exclusivas del Presidente.
Eficiencia de ley y atribuciones del Presidente
Rodrigo Mujica, director de políticas públicas de la Sofofa -una de las organizaciones sorteadas para exponer-, presentó ante los convencionales un procedimiento para una mayor eficiencia en la elaboración de leyes. Para Mujica, la propuesta de la gremial es una “exigencia de mayor calidad técnica, de mayor transparencia, de mayor participación ciudadana y de la sociedad civil y, finalmente, como una garantía a los ciudadanos respecto del proceso y de los resultados de la toma de decisiones políticas”.
Lo que planteó la Sofofa es que el trabajo de una ley tenga presente, entre otras cosas, su impacto y la participación. En la sesión, algunos miembros de la comisión, como el convencional Marcos Barraza (PC), cuestionaron que la mirada de la asociación gremial no consideró variables sociales o medioambientales en su procedimiento.
Otra de las discusiones ha sido respecto a la atribución exclusiva del presidente para proyectos que irrogan gasto fiscal. En particular, a los márgenes para elaborar el Presupuesto del país y, en lo posible, dotar a los parlamentarios de algún campo de maniobra en ese tema.
En su exposición, Natalia González, representando al centro de estudios Libertad y Desarrollo, se abrió a la posibilidad de que los parlamentarios puedan presentar iniciativas de gasto, pero en el camino deberán contar con el respaldo del Ejecutivo. Además, propuso que se incluyan los objetivos nacionales para la confección del Presupuesto, limitar las urgencias legislativas y la creación de una unidad en el Congreso que sea una contraparte de los informes financieros e impacto regulatorio del gobierno.
En la contraparte, el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, afirmó que el problema no es la potestad del Presidente en las atribuciones exclusivas; es la asimetría entre ambas Cámaras y el desorden que se ha producido con el tiempo, porque los gobiernos de turno “no conversan los proyectos” con los parlamentarios de su propia coalición. “Siempre La Moneda cree que el Congreso es una extensión del Palacio en Valparaíso”, dijo Landeros. Tanto Landeros como González coincidieron -con varios convencionales- en que el plazo de la Ley de Presupuesto -de 30 días desde su recepción- debiera ser revisado.
Con todo, la comisión de Forma del Estado comenzó con la etapa de deliberaciones en estos temas, esperando además que se cumpla el plazo para la iniciativa popular de norma -el 20 de enero- y que todas las iniciativas que cumplan con las 15 mil firmas también sean incluidas en esta deliberación.