La comisión de derechos fundamentales retomará la deliberación e inclusión de nuevas materias en la futura Constitución. La administración pública y sin fines de lucro del sistema previsional -sin someterlos a “la lógica del mercado”- chocarán de frente con el sistema de AFP.

Hasta ahora, la comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general -en maratónicas sesiones- 17 derechos y libertades clásicas. Sin embargo, aún faltan por resolver temas complejos, como educación, salud o previsión. En ese catálogo está pendiente el derecho a la seguridad social, no aparece el derecho al ahorro -con escasas posibilidades de entrar en el debate- y el derecho a la propiedad es, tal como se adelantó, mucho más minimalista que lo establecido en la actual Constitución. La norma incluye una prevención respecto a los bienes incorporales, que solo estarán amparados cuando lo determine la ley. “Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y los deberes que emanan de ella; conforme a su función social y ecológica”, señala.

Esto último no dejó conformes a un sector de convencionales y al empresariado. En parte, porque impulsaría la modificación -mediante ley- de regulaciones en sectores estratégicos, y también, por el minimalismo adoptado en el derecho a la propiedad. Los convencionales defienden la nueva definición. “Es un giro desde una mirada individualista de este derecho y hasta situarlo en el contexto de la sociedad y el rol que cumple en esta”, explicó la convencional Aurora Delgado.

La preocupación, tras la aprobación de este primer catálogo de derechos, es el articulado sobre el derecho a la seguridad social, vale decir, el sistema previsional que regirá, un debate que comenzaría durante esta semana, y que tiene sobre la mesa a una decena de alternativas. Casi todas modifican, en menor o mayor medida, el sistema actual. Lo anterior, a pesar del lobby desplegado por representantes de las AFP -liderado por Alejandra Cox, que en diciembre expuso en la comisión- con algunos convencionales para evaluar alternativas.

En el debate que arranca el martes 15 en la comisión de Derechos Fundamentales, uno de los primeros artículos que será votado en particular, establece que “los derechos fundamentales no serán nunca considerados bienes económicos y tampoco sometidos a la lógica del mercado. Por el contrario, son bienes sociales y culturales indispensables para el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad”. Sería la puerta de entrada para debatir el derecho a la seguridad social y un potencial cambio al sistema actual.

Las iniciativas populares

El debate sobre el derecho a la seguridad social contiene 10 propuestas. Cinco de ellas derogan el actual sistema y cuatro lo mantienen con cambios. Una de las 77 iniciativas populares de norma que logró un buen número de adhesiones -24 mil- fue la propuesta de No + AFP junto a un grupo de convencionales para que “la gestión y administración del sistema sea pública y recaiga en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”. ¿Las actuales administradoras? Tendrían un año para hacer traspaso de fondos y documentos al Instituto de Previsión Social, con la supervisión de la Superintendencia de Pensiones.

En contrapartida, dos propuestas del mismo tipo piden que se mantenga el actual sistema, con apertura a otras entidades de administración, y que no se toquen los ahorros disponibles hasta hoy en los fondos previsionales. Entre ellas está “Con mi plata, no”, que fue la iniciativa popular de norma que obtuvo más adhesiones, con 60.580. “Que se garantice la propiedad de los fondos actuales y futuros y que estos sean heredables; que se consagre la libertad de elegir entre instituciones públicas y/o privadas; que el Estado vele por que hombres y mujeres reciban igual pensión a igual monto ahorrado; y que el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales”, plantea.

Luis Mesina, de No + AFP, cree que la propuesta de “Con mi plata, no” es un engaño. “Si uno analiza lo que plantean ahí, es muy hábil la propuesta porque dicen ‘mi plata me pertenece’. ¿Quién tiene dudas? Nadie quiere que le expropien sus ahorros, pero ¿cuál es la trampa? Que en el desarrollo de la propuesta ellos plantean seguir íntegramente con el actual sistema”, dijo Mesina, que tiene a favor que una veintena de convencionales están en la misma tesis de su iniciativa popular de norma.

Las propuestas de los convencionales

“Cambios mayores”. Así define en privado uno de los 17 convencionales que presentó la iniciativa que complementa la norma presentada por No + AFP. “La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”, dice el texto. Una segunda iniciativa, que también apunta hacia la administración estatal, exige, además, que la nueva estructura tenga un “sentido compensatorio en el monto de las prestaciones”, en línea con las desventajas en las que se encuentran las mujeres, las diversidades y disidencias sexogenéricas.

En contrapartida, los convencionales de Vamos por Chile presentaron una norma para que el sistema pase a ser mixto con afiliación obligatoria. “Las prestaciones del sistema podrán ser otorgadas por entidades públicas o privadas, bajo las normas y fiscalización del Estado”. Una segunda propuesta, del mismo sector, establece que la legislación respecto a la seguridad social -pública o privada- es una atribución exclusiva del Presidente de la República y no de la Convención, y por lo mismo, debe quedar suficientemente amplio.

En tanto, el Colectivo del Apruebo ingresó una iniciativa que consagra el derecho a la seguridad social, da la atribución al usuario para elegir entre administradoras públicas y privadas, pero deja en manos del Congreso una eventual legislación particular.

En privado, varios convencionales afirman que, si bien existe una mayoría para derogar el actual sistema previsional, no se llegaría al quórum requerido en el pleno, de los 2/3. El pronóstico es reservado, pero una eventual salida es un sistema mixto que incorpore a administradoras públicas y otras entidades a elección del cotizante, además de pensión mínima y criterios de igualdad. Algunos creen, sin embargo, que un acuerdo de cualquier tipo en esta materia pasa necesariamente por modificar sustancialmente -o terminar de hecho- con el sistema de AFP.