El rechazo a la iniciativa “Con mi plata no” y la aprobación de la propuesta de No más AFP -el derecho a la seguridad social- reabrió la opción de un quinto retiro y dejó dudas sobre un eventual “primer paso” para la expropiación de fondos, algo que el gobierno descartó. Los convencionales creen que la propuesta será perfeccionada en la deliberación sobre los derechos sociales -el corazón de la Constitución- y que será clave para revertir las críticas a su labor, con encuestas que muestran un aumento del Rechazo.
“Con mi plata no” fue la iniciativa popular de norma que alcanzó la mayor cantidad de adhesiones entre las 77 iniciativas que pasaron el corte, con más de 60 mil firmas. Sin embargo, eso no bastó, y la comisión de Derechos Fundamentales descartó la propuesta: con 18 de los 25 votos, la mayoría del arco progresista -salvo excepciones-, la rechazó. ¿Qué decía la iniciativa? Planteaba el reconocimiento de la propiedad de los trabajadores respecto a sus ahorros, la libertad de elegir la administración de esos fondos y que sean heredables. Tras el rechazo, los coordinadores de “Con mi plata no” activaron un contraataque para insistir con su propuesta, con mensajes vía WhatsApp y el envío de mails a los constituyentes para reconsiderar la idea. De hecho, la iniciativa sigue recolectando adhesiones en su web. Ya lleva 75 mil. “La Convención nos pegó un portazo, fuimos la iniciativa más votada porque le hicimos sentido a los trabajadores”, dijo Francisco Orrego, uno de sus impulsores.
Acto seguido al rechazo de “Con mi plata no”, fue aprobada la iniciativa de la coordinadora No más AFP con 20 votos. “La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”, dice la propuesta, que además establece que “la seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas”.
La decisión de la Convención impactó en la percepción de la ciudadanía -según Cadem, un 75% quiere que sus cotizaciones sigan siendo de los trabajadores- y también en el Congreso. Los parlamentarios de oposición sintieron que esto era el primer paso para la expropiación de los fondos. Por eso, volvieron a plantear un eventual quinto retiro -que cuenta con el 66% de respaldo según la encuesta Pulso Ciudadano- e, incluso, la posibilidad del retiro total de los ahorros.
“No se justifica hablar de un quinto retiro cuando el Gobierno está a punto de anunciar el primer paquete de medidas económicas, y abrir esta posibilidad solo continuará debilitando el mercado de capitales, restándole profundidad. Esto encarece la vida de las personas, aumenta la inflación y la aleja de la posibilidad de acceder a créditos y financiamiento de las PYME, entre muchos otros impactos”, explicó el presidente ejecutivo de SURA Asset Management Chile, Francisco Murillo, en línea con otros economistas, como los exministros de Hacienda Ignacio Briones y Rodrigo Valdés, advirtiendo consecuencias muy negativas de perseverar un quinto retiro en el parlamento.
Desde la Convención defendieron la decisión de la comisión de Derechos Fundamentales. En particular, la mesa insistió en que la iniciativa no incluye la expropiación de fondos -como sí afirmaron algunos convencionales de Vamos por Chile- y que la aprobación de la idea de la coordinadora No más AFP fue solo en general, a la espera de su discusión en particular en la comisión, y de la revisión posterior en el pleno. Lo propio fue reafirmado por el propio Presidente Gabriel Boric, en línea con cual la reforma que impulsa el gobierno estará basada en la solidaridad, pero descartó la expropiación o uso de fondos. Uno de los artículos rechazados fue el plazo de implementación, que en principio fijaba un año.
Esta semana, la comisión de Derechos Fundamentales seguirá deliberando sobre los derechos sociales -denominado como el “corazón” de la Constitución- y que incluye a las normas en salud, educación, previsión y vivienda. Todo, en línea con un Estado que garantice derechos, solidario y social, que cambie sustantivamente al modelo actual. “Creemos que efectivamente la aprobación de estas normas generará un efecto movilizador y las personas de una vez por todas van a ver reflejadas sus demandas”, explicó César Valenzuela, del Colectivo Socialista y coordinador de la instancia.
En privado, varios convencionales expresaron cierta inquietud ante las encuestas que le dan, por primera vez, mayoría a la opción Rechazo. No son pocos quienes creen que son los artículos de los derechos sociales -más allá del debate respecto a la propiedad de los fondos- los que inclinarían la balanza para la opción Apruebo. “Queremos poner el énfasis en mostrar los artículos aprobados respecto a lo que tenemos en la Constitución actual. Creemos que esa es la mejor manera que permite que la ciudadanía identifique cuáles son los elementos novedosos y cuál es la diferencia con la estructura vigente”, dijo el lunes 4 Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional.
“Hoy es sumamente importante que se no dé espacio para dudas sobre la propiedad de los ahorros para la pensión y la libertad de poder elegir quién los administra; dos puntos que son cruciales para las personas, y que han manifestado legítimamente en distintas encuestas”, expresó Murillo, de SURA.
Nuevos organismos
En tanto, la comisión de Sistemas de Justicia aprobó en particular y despachó al pleno la norma que reemplazaría al Tribunal Constitucional. En un primer intento, la idea era eliminar el TC y pasar las atribuciones que fuesen indispensables a la Corte Suprema. Sin embargo, la propuesta no encontró unanimidad. Lo anterior, porque no todos estaban convencidos de borrar por completo al organismo, ni tampoco con entregar más funciones a la Corte Suprema. La apertura de la derecha a reemplazar al TC -que introdujo por separado propuestas de norma en esta línea- ayudó a encontrar un acuerdo.
Finalmente, la norma aprobada apunta a una Corte Constitucional, que sea, en palabras de los convencionales, un guardián de la nueva Constitución y no una tercera Cámara. Serán 15 jueces, con un período de nueve años -o hasta que cumplan 70 años- y con una renovación parcial cada tres años: un tercio lo elegirá el Congreso -previa propuesta del sistema de Alta Dirección Pública-, un tercio lo escogerá el Presidente y un tercio será mediante votación de los jueces del nuevo Sistema de Justicia. Sus miembros deberán cumplir con al menos 15 años de experiencia, al menos un tercio provendrá de regiones, y no podrán integrarla personas que ejercieron cargos de elección popular, o fueron ministros de Estado. La idea es que la Corte Constitucional recupere legitimidad e independencia, y pueda resolver contiendas que se produzcan con la entrada en vigor de la Constitución.
La misma comisión dio luz verde al Servicio Nacional de Fe Pública, que reemplaza al sistema de notarios. “La designación de los notarios, archiveros y conservadores del Servicio de Fe Pública se realizará de forma objetiva, transparente y en función de sus méritos”, es parte de la norma propuesta al pleno, mismo informe que incluirá a la nueva Agencia Nacional del Consumidor, que reemplazará al actual Sernac, y que estipula facultades “fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias”, que serán reguladas mediante ley.