La última votación del pleno incluyó el cierre del estatuto del agua, la inclusión de la Política Nacional Portuaria y el derecho a “un mínimo vital de energía asequible y segura” en el catálogo en Energía. Varios convencionales manifestaron que la instancia cometió muchos errores, no hubo equilibrio y que luego del trabajo de la comisión de Armonización, habrá que hacer arreglos.

Son 43 artículos en total los que forman parte del capítulo incluido en el borrador de la nueva Constitución, que llegaron desde la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. La mayoría de ellos, referidos a la tesis de los ecoconstituyentes de una Constitución ecológica. El sábado 14 fue la última sesión del pleno de la Convención -el término de la primera etapa- y cerró su trabajo deliberando los últimos dos informes de esta instancia.
Los rechazos por parte del pleno en las semanas anteriores obligaron a esta comisión a llegar hasta el fin del plazo dispuesto para lograr que los últimos temas e indicaciones fuesen parte del debate. Hasta la madrugada duraron algunas jornadas.
La comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico presentó en total dos informes al pleno: uno casi exclusivo para los temas vinculados al medio ambiente y los derechos de la naturaleza, y otro en donde incluyó todos los otros temas que del cronograma: sistema económico, bienes comunes y estatutos en temas como minería o energía, entre otros. La balanza se inclinó hacia la ecología.
Durante la jornada del sábado 14 se aprobaron los últimos artículos del estatuto constitucional del agua: “El Estado deberá́ promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley”; y “el mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiables”.
En cuanto a los artículos faltantes en el estatuto de la minería, se desató una nueva polémica al interior del arco progresista, a raíz de las palabras de la convencional Elsa Labraña y de su intención -hasta último momento- de nacionalizar la gran minería. Labraña acusó a sus pares del Frente Amplio -y en particular, al abogado Fernando Atria- de introducir un artículo “mañoso y malintencionado”, que dejaría al país “de rodillas ante capitales extranjeros”. El artículo al que hizo referencia establece que la “exploración, explotación o aprovechamiento, deberán requerir ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley”. Para la izquierda, esos títulos se traducen en concesiones, lo que mantendría la privatización.
La norma presentada por la propia Labraña para nacionalizar a la gran minería fue rechazada con una votación transversal, que incluyó a miembros del Frente Amplio. Se volvió a escuchar la palabra traición en los pasillos del Congreso.
En cuanto al estatuto de energía, los artículos aprobados establecen que “toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura”; que será deber del Estado “garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos”; y que recae también en el Estado la regulación y fomento de “una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental”.
Uno de los últimos temas incluidos en el borrador es la Política Nacional Portuaria, que, entre otras cosas, pesquisará el uso del borde costero, la responsabilidad ambiental, el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, y deberá incluir la participación ciudadana.
Muy poco equilibrio
Una de las principales críticas durante todo el proceso de trabajo de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, fue la primacía de la ecología por sobre el sistema. Pero también, según varios convencionales, faltaron temas del futuro de las economías que ni siquiera aparecen mencionados en el borrador y que tuvieron poco o nada de tiempo en el debate. Una de las deudas de la instancia fue que la mayoría de ecoconstituyentes no fue representativa de todas las sensibilidades de la Convención. Aquello conspiró con la ausencia de temas, o la radicalidad de las propuestas.
“El informe de Medio Ambiente sigue teniendo muchos errores. En minería, en energía, en el tema de las semillas (…) esto se trata, en parte, porque existe un profundo desconocimiento respecto a cómo funciona el Estado”, dijo Rodrigo Álvarez, representante de Vamos por Chile y miembro de la comisión ad hoc y que acusó que, al igual que en días anteriores, se introdujeron temas a último minuto que ya se habían rechazado en otras instancias, como, por ejemplo, los derechos de autor, que no tenían nada que ver con la discusión de Medio Ambiente y Modelo Económico.
“En esto no es medio ambiente o minería; esto no es nacionalización o saqueo (…). Tenemos que ser capaces de poner en discusión un equilibrio, de cómo le agregamos valor a la economía, cómo mejoramos la tecnología, que son debates ausentes”, dijo Fuad Chahín, convencional DC.
Con todo, la comisión de Armonización entró en funcionamiento y tiene plazo de un mes para resaltar aquellas cosas que colisionan en el borrador de la Constitución. Uno de esos temas es el capítulo de los derechos sociales, que toparía con el articulado dispuesto por otras comisiones, entre ellas la de Medio Ambiente y Modelo Económico. Para eso, el pleno tendrá que volver a sesionar y decidir cuáles serán las normas que tendrán preeminencia.