A fines de esta semana, la treintena de artículos del primer informe -enfocados en los derechos de la naturaleza y bienes comunes- serán votados por la Convención. Los convencionales justifican las normas como “complemento” a lo ya aprobado; en Vamos por Chile creen que varias disposiciones carecen de sentido.

El jueves 3 y viernes 4 de marzo comienza la votación en el pleno de la Convención, del primer informe enviado por la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Es uno de los informes que llega con un amplio acuerdo en su comisión respectiva, pero, como reconocen en privado sus redactores, mantiene un futuro incierto cuando llegue a manos de todos los convencionales y sea votado. En buena parte, porque es un cambio de paradigma, en especial, en los márgenes de la emergencia climática. Son cerca de 30 artículos, todos en línea con los derechos de la naturaleza y bienes comunes, algo que la antigua Constitución no contemplaba.

Algunos de esos artículos que llegaron al informe, han sido calificados por los convencionales de Vamos por Chile como “incomprensibles”, y que entran en contradicción con normas que ya han sido aprobadas por el pleno. Al ser minoría en la comisión, sin embargo, la gran mayoría de las indicaciones presentadas por los representantes de la centroderecha fueron rechazadas. “Esta Constitución va a tener con dos pilares fundamentales en la plurinacionalidad y un cuidado por el medio ambiente, que es válido, pero no es necesariamente por lo que reclamó a gente”, dice Rodrigo Álvarez, que autodefine a su sector en la comisión de Medio Ambiente como una “mini minoría”.

En contrapartida, Juan José Martin, uno de los coordinadores de la instancia, afirma que “lo importante acá es entender que estos derechos no vienen a competir con los derechos humanos, todo lo contrario, vienen a complementarlos (…) Lo que buscan los derechos de la naturaleza es que sea protegida de mejor manera jurídicamente hablando”.

La comisión -en donde la mayoría de sus miembros se han autodenominado como ecoconstituyentes- pone el foco en la crisis climática y ecológica, y en el deber del Estado de adoptar medidas “en todos los niveles para la gestión de riesgos, vulnerabilidades y efectos”; y además lo mandata a “destinar los recursos necesarios y crear un sistema que estudie y monitoree en forma permanente los efectos e impactos”.

Daniel Soto, estratega jefe de SURA Inversiones, cree que la comisión debiera buscar cierto equilibrio en cuanto a su normativa. “Los proyectos que tengan un impacto ambiental y que conversen con un desarrollo en Chile debiesen tener certeza jurídica, mientras que aquellos que tengan externalidades negativas hacia el medio ambiente, debiesen ser correctamente compensadas, considerando situaciones en el país como las zonas de sacrificio”.

Claves del informe

Los bienes comunes fueron definidos como “los elementos o componentes de la naturaleza que son comunes a todos los seres vivos y pueblos y naciones de Chile. Estos bienes no son susceptibles de apropiación y existe un interés general prioritario en su preservación”. Agrega que “para los pueblos y naciones preexistentes estos bienes tienen una dimensión espiritual que trasciende lo visible”.

En esa línea, se estipula que el Estado autorice a particulares el uso de esta clase de bienes según las condiciones establecidas en la ley, sin embargo, esa autorización debe estar orientada a “al buen vivir y respetar los derechos de la naturaleza y la posibilidad de su uso y acceso por las futuras generaciones”.

¿Cuáles serían esos bienes comunes? “Las aguas en todas sus formas e interfaces, incluyendo glaciares y criósfera; el mar territorial, la altamar y el fondo marino; las playas, dunas y el borde costero; el subsuelo; los humedales; el aire, viento y atmósfera; la radiación solar; los campos geotérmicos; la alta montaña; el cielo y el espacio; y aquellos que declare la Constitución y las leyes”.

Lo anterior, además considera que “en el caso del aire, los glaciares y la criósfera, el fondo marino, la alta montaña, no podrá otorgarse autorizaciones de uso. Respecto de bienes comunes naturales especialmente sensibles, se podrán dictar normas especiales de preservación y restauración”, y el Estado “no podrá constituir o asignar autorizaciones de uso sobre bienes comunes naturales existentes en tierras y territorios indígenas”. En cuanto al acceso a la naturaleza, el texto que se vota a fines de esta semana reconoce “el derecho de acceso peatonal, gratuito, eficaz, universal y temporal para recorrer los bienes naturales comunes”.

El informe precisa los derechos de la naturaleza, que -según algunos convencionales- podrían entrar en colisión con otros derechos. “Cada pueblo donde se genera y realiza la vida y el buen vivir, tiene derecho a que se respete y proteja integralmente su existencia, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales, estructura, funciones, equilibrio ecosistémico y diversidad biológica”, dice el texto. El daño a la naturaleza será sancionado “conforme a un régimen de responsabilidad estricta”.

“El Estado, por medio de sus órganos competentes, perseguirá la responsabilidad administrativa, civil y penal por los hechos u omisiones que vulneren los derechos de la naturaleza”, asegura el informe.

El lunes 28, la comisión continuó recibiendo iniciativas y preparando las normas de lo que será el siguiente informe. Uno de los temas principales fue el uso, la gestión comunitaria y la normativa del agua, un debate que ocupó varias horas del debate previo en la comisión. La convencional Ivanna Olivares -junto a varios de sus pares- presentó un articulado para la “recuperación y reasignación” de los derechos y concesiones, donde prime el interés social y medioambiental. Lo anterior incluiría expropiaciones y reparaciones. El segundo informe debería llegar a manos de la mesa de la Convención Constitucional la próxima semana.