La propuesta constitucional establece la creación de entidades que integren a distintos actores para definir el uso de agua de cada cuenca. Y, aunque su funcionamiento debería establecerse por ley, a juicio de la académica de la Universidad del Desarrollo Camila Boettiger, estos organismos podrían ser de difícil implementación.
Una de las innovaciones de la propuesta constitucional es la creación de un órgano encargado de proteger y promover la protección de los derechos ambientales que contempla el borrador. ¿Cómo funcionaría y qué dudas despierta? El abogado y experto en derecho ambiental, Felipe Leiva, analiza sus alcances.
Para garantizar la supremacía de la Constitución, el borrador propone la creación de una Corte Constitucional, órgano que reemplazaría al Tribunal Constitucional. ¿Qué modificaciones involucraría en la práctica este nuevo ente? Macarena Oyarzún, académica de la Universidad Católica, explica sus alcances.
La descentralización es uno de los objetivos de la propuesta constitucional y, en eso, la Cámara de las Regiones jugaría un rol clave para dar contrapeso a los diputados e implementar el Estado regional. El académico de la Universidad Católica del Norte Esteban Szmulewicz analiza los alcances y oportunidades de este cambio.
A través de un esquema progresivo de impuestos, el borrador espera financiar los nuevos derechos sociales. Sin embargo, serán las leyes las que definirían los temas pendientes en esta materia, incluyendo posibles tributos territoriales. El abogado tributario Álvaro Moraga analiza los desafíos que vienen.
El primer artículo de la propuesta constitucional habla de ser un Estado “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Una definición que, según Sergio Caniuqueo, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, apunta a generar mecanismos de convivencia para pensar en un desarrollo más equitativo.
Aunque no es un término nuevo, uno de los conceptos que llamó la atención en la redacción del borrador es el de “justo precio”, que apunta a la reparación en caso de expropiaciones. Aquí, el doctor en Derecho y académico de la Universidad Finis Terrae, Joaquín Reyes, revisa los alcances que tendría su aplicación.
Con participación del Estado y de los privados en el futuro Sistema Nacional de Salud, aunque sin precisar en detalle su nuevo ordenamiento, de aprobarse el borrador, este derecho quedaría sujeto a lo que proponga el Presidente y a su posterior discusión en el Congreso. Sebastián Pávlovic, académico y exsuperintendente de Salud en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, analiza lo que viene.
Eliminar el lucro y garantizar la libertad de enseñanza son parte de las medidas que la propuesta incluye. A juicio de Alfonso Henríquez, abogado y académico de la Universidad de Concepción, la principal innovación en este tema es que el foco está puesto en su dimensión individual y social.
Se trata de una innovación de la propuesta constitucional, enmarcada en la tesis de un Estado Social, y establece que este debe tomar medidas para asegurar el goce universal y oportuno de la vivienda. Aquí, el académico de la Universidad Alberto Hurtado Sebastián Salazar explica sus alcances.
La propuesta constitucional incluye varios cambios para los órganos que imparten justicia en Chile, que modificarían la actual dinámica de estas instituciones. El abogado y académico Rafael Blanco comenta las implicancias de este nuevo sistema.
En materia de minería, la nueva propuesta de Constitución no establece claramente cómo será la institucionalidad que regulará la actividad y se limita a que la regulación considere el carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental, observa María Luisa Baltra, académica de Derecho de la Minería de la Universidad Católica.
Aunque la idea de revisar los tratados internacionales perdió varios adeptos mientras la Convención Constitucional avanzaba en sus discusiones, de igual forma hay un par de modificaciones incluidas en el borrador. El abogado Gonzalo García lo explica y profundiza en el tema.
Una organización regional que se articula sobre tres entidades territoriales, pero que preserva la unidad del Estado, es la fórmula que el borrador establece en este tema. Viviana Ponce de León, académica de la Universidad Austral, analiza el impacto de este modelo.
El texto constitucional propuesto instaura principios propios del derecho ambiental, y amplía el catálogo de derechos no solo desde un enfoque antropocéntrico, sino también desde el punto de vista de la naturaleza misma, a través de su reconocimiento como sujeto titular de derechos, analiza la académica Gabriela Carrasco.
El borrador reconoce los derechos que integran el principio de libertad sindical e incorpora la participación de los trabajadores en las decisiones. La doctora en Derecho y académica Irene Rojas analiza por qué estas disposiciones marcarían un avance en cuanto a relaciones laborales.
La propuesta constitucional abre al Congreso la posibilidad de impulsar proyectos con gasto fiscal. Una nueva configuración para la iniciativa económica, que podría chocar con derechos como los de la naturaleza o atribuciones de los pueblos originarios. Alberto Coddou, doctor en Derecho y académico de la Universidad Austral, explica los alcances que tendrían estos cambios.
En marzo de 2026 dejaría de existir el Senado, de acuerdo a lo establecido en el borrador de la Constitución, dando paso a la creación de la Cámara de las Regiones, mientras la Cámara de Diputados toma protagonismo. Dominique Luan, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, comenta los cambios que vendrían de aprobarse la nueva Carta Magna.
El proyecto simplifica el derecho establecido en la Carta Magna vigente, estableciendo sus límites, pero dejando al Poder Legislativo sus definiciones. La abogada Constanza Salgado, doctora en derecho y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, explica los cambios que plantea el borrador.
El proyecto constitucional en seguridad social no excluye a los privados del futuro sistema, pero tampoco los suma expresamente. ¿Cuál podría ser el impacto de esto, de ser aprobada la nueva Constitución? La directora del Foro Constitucional de la Universidad Católica de la Universidad Católica, Alejandra Ovalle, lo analiza en esta nota.
Fueron 37.604 los apoyos que consiguió la iniciativa popular por un Banco Central Autónomo. En torno a la institución se produjo el debate respecto a si se mantenía tal cual describe la actual Constitución, o bien, sobre ella se definían normas para un mayor control político. Por eso, algunos sectores de la sociedad civil levantaron las alertas respecto al futuro del organismo creado en 1925 y regido por la Ley Orgánica de 1989, en especial, porque su autonomía ha sido reconocida positivamente en comparación a otros bancos centrales en el mundo.
El borrador de la nueva Constitución establece la coexistencia de Sistemas de Justicias, quizá uno de los cambios más profundos junto con el Sistema Político. Uno de los artículos incorpora al Pluralismo Jurídico. ¿Qué significa? Que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, que coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Lo que busca esta norma es, a juicio de los constituyentes, incluir una “condición de igualdad” para los pueblos originarios. Sus críticos, al contrario, estiman que la norma establece un estatus de diferencia entre individuos. Más aún, con la perspectiva intercultural que se incluyó en el borrador.