El “deber del Estado” se repite con fuerza en el catálogo dedicado a los derechos sociales -el corazón de la propuesta-, que deja afuera a los privados en la seguridad social, deja a la ley encargada de regular a los prestadores en salud y garantiza la libertad de enseñanza sin definirla con exactitud.

La última votación del pleno incluyó el cierre del estatuto del agua, la inclusión de la Política Nacional Portuaria y el derecho a “un mínimo vital de energía asequible y segura” en el catálogo en Energía. Varios convencionales manifestaron que la instancia cometió muchos errores, no hubo equilibrio y que luego del trabajo de la comisión de Armonización, habrá que hacer arreglos.

En su segundo intento, el informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico logró incluir en el borrador a la Agencia Nacional de Aguas, el dominio estatal en la minería y la iniciativa pública en la actividad económica. A partir del 17 de mayo entran en funcionamiento las comisiones de Preámbulo, Normas Transitorias y Armonización, penúltimo paso para la versión final.

Este miércoles la comisión de Derechos Fundamentales deliberará y enviará al pleno el informe con los incisos finales del catálogo de derechos. En el debate está la participación privada en el nuevo sistema único de salud y en el reemplazo del actual sistema de pensiones, además de la posibilidad de elección de los usuarios.

Tras el rechazo en general del segundo informe -que concentra los estatutos de agua, minería, energía y otros-, la instancia trabaja sin certezas, con poco respaldo y sin mucho tiempo para llegar a tiempo al pleno esta semana con un informe de reemplazo.

Un sistema universal de salud, un nuevo sistema de seguridad social y garantizar el acceso a la vivienda. Estas propuestas son parte del despliegue del Estado social de derechos, incluido en el informe de la comisión de Derechos Fundamentales y que esta semana inicia su deliberación en el pleno. Buena parte de las esperanzas de los convencionales para una consolidación de la opción Apruebo están puestas en este catálogo de derechos.

El apoyo para volver a redactar la Carta Magna se desvanece debido a que algunos temen que se haya inclinado demasiado hacia la izquierda.

El rechazo a la iniciativa “Con mi plata no” y la aprobación de la propuesta de No más AFP -el derecho a la seguridad social- reabrió la opción de un quinto retiro y dejó dudas sobre un eventual “primer paso” para la expropiación de fondos, algo que el gobierno descartó. Los convencionales creen que la propuesta será perfeccionada en la deliberación sobre los derechos sociales -el corazón de la Constitución- y que será clave para revertir las críticas a su labor, con encuestas que muestran un aumento del Rechazo.

La revisión de todas las concesiones, el rol exclusivo del Estado en la explotación del litio y la prioridad de los pueblos indígenas en los derechos de uso del agua existente en sus territorios. Esas son algunas de las normas del segundo informe de la comisión de Medio Ambiente, que confirma los cambios estructurales a los estatutos de diversos sectores productivos.

La permanencia del Senado, el rol de los partidos, el Tribunal Constitucional y el BC marcarán el debate y votación del pleno. En paralelo, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico revisará las indicaciones e iniciará la elaboración de los siguientes dos informes, que incluirán el debate sobre la economía y el nuevo paradigma.

La comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico deliberó en general sobre las normas correspondientes a la economía, y que fijan un marco para los cambios estructurales. La solidaridad y el interés general, la protección de los bienes comunes y el rol activo del Estado son los pilares del debate.

Derogar el código de aguas; que el Estado y/o las empresas regionales sean las que administren el sector sanitario; la temporalidad de los derechos; la supervisión y repartición a través de una agencia; o la potestad de los territorios en su uso. Son parte de las normas sobre el agua que en los próximos días llegarán al pleno de la Convención, y que enfrentarán a distintas posturas.

Los convencionales de la instancia -agrupados en los ecoconstituyentes- creen que faltó explicar mejor las normas del informe rechazado casi en su integridad por el pleno. Sin embargo, los artículos que vienen en los próximos informes son polémicos, que incluyen expropiaciones y nacionalizaciones de empresas sanitarias y mineras, así como caducar y reasignar los derechos de agua y de bienes públicos.

A fines de esta semana, la treintena de artículos del primer informe -enfocados en los derechos de la naturaleza y bienes comunes- serán votados por la Convención. Los convencionales justifican las normas como “complemento” a lo ya aprobado; en Vamos por Chile creen que varias disposiciones carecen de sentido.

Aún no están claras las atribuciones que tendrán las autonomías territoriales, ni en manos de quién quedarán las decisiones de proyectos de inversión, concesiones o explotación de recursos. La comisión de Participación Popular fijó una “jornada nacional de deliberación” para el 25 y 26 de marzo, que difunda y explique a la ciudadanía lo que se votó y lo que viene.

La comisión de derechos fundamentales retomará la deliberación e inclusión de nuevas materias en la futura Constitución. La administración pública y sin fines de lucro del sistema previsional -sin someterlos a “la lógica del mercado”- chocarán de frente con el sistema de AFP.

Una banca estatal -que funcionaría en paralelo a BancoEstado-, nuevas empresas en la minería, otra institucionalidad en la administración de aguas y un sistema único de salud están en la agenda. Entre las propuestas de los convencionales y las iniciativas populares de norma, se podrían llegar a establecer múltiples entidades para la administración en temas prioritarios para la ciudadanía, en un cambio del modelo económico.

El rechazo a las normas de un estatuto minero, de la libertad económica, la libre competencia y la iniciativa privada, marcaron la trayectoria de votación de las primeras iniciativas en la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Para la mayoría de los convencionales, lo presentado fue “más de lo mismo”.

A pesar de la férrea defensa de la asociación de AFP y de la ABIF, un sector de convencionales cree que llegó el momento de defender la seguridad social de carácter estatal y terminar con el sistema tal y como lo conocemos. Algunas iniciativas populares, sin embargo, intentan salvaguardar el derecho a elegir y a proteger esos fondos, lo que podría mantener vivo el mecanismo privado. El debate está abierto.

El derecho a propiedad y a la iniciativa privada tendrán que dialogar y complementarse con los derechos de la naturaleza, en línea con el debate y las posiciones de los convencionales. La preocupación entre los gremios es que exista un desequilibrio entre los principios medioambientales y los económicos.

La inclusión de la iniciativa popular de ley, acotar las atribuciones del Ejecutivo y mejorar el proceso legislativo en el Congreso, ha sido parte del debate en la Comisión de Forma del Estado, que por estos días escucha a expositores antes del inicio de la deliberación.

La creación de los Parlamentos Regionales, la autonomía y estructura del Banco Central, el cambio de las atribuciones exclusivas a los nombramientos de confianza del Ejecutivo y la implementación de nuevos tributos locales son parte de la discusión sobre las nuevas estructuras administrativas en la Convención Constitucional, que impactan de lleno en la estructura económica y en el modelo actual.

Son 15 los temas que analiza la comisión que incluye al Modelo Económico y Medio Ambiente. El debate abarca modificaciones al rol del Estado en la economía, la emergencia climática, la regulación de proyectos y la protección del ecosistema, entre otros. Algunos convencionales creen que el debate no está equilibrado entre ecología y economía, y que se dejó fuera de las audiencias a organizaciones relevantes en la discusión del modelo.

Mientras se repiensan diversos aspectos que ordenan al país, el rol del Banco Central y sus atribuciones también son parte de la conversación. ¿Debe mantener su independencia? ¿Es positivo que sus consejeros puedan ser acusados constitucionalmente? Aquí, algunas luces de los puntos más relevantes en este tema.