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Autonomía económica y administrativa: Los desafíos de la transición desde un Estado unitario a uno regional

Impuestos regionales, decisiones en el territorio sobre proyectos de inversión y más atribuciones administrativas son parte del debate hacia la regionalización. Es un hecho que el Estado unitario que actualmente nos rige cambiará hacia un Estado regional. La duda: la profundidad de la autonomía.

Solo representantes de regiones distintas a la Metropolitana integran la comisión de descentralización de la Convención Constitucional. No es una casualidad.

Esta instancia tendrá un rol crucial en la profundidad del cambio a la forma en como se toman las decisiones a nivel local. En especial, en lo vinculado a los proyectos de inversión, los procesos de participación -de aprobación o de rechazo- de las comunidades y a los dineros disponibles para cada zona. La forma de la administración, tal como la conocemos, cambiará.

La mayoría de los convencionales defiende la tesis de dotar con mucho más poder a las regiones. La principal duda, en términos generales, es cómo: si se mantiene el Estado unitario de poder central, con sus funciones administrativas y el reparto de los recursos; la alternativa de un Estado regional autonómico con unidades territoriales con autonomía política; o un espacio intermedio, el Estado unitario regional.

Los representantes de los pueblos originarios creen que llegó la hora de un cambio radical hacia el Estado plurinacional y a nuevas atribuciones administrativas. El convencional Eric Chinga -representante del pueblo diaguita- afirmó que la fórmula actual del Estado unitario “no contribuye con la autodeterminación de los pueblos originarios, en el sentido de resguardar la libre determinación, autonomía, autogobierno y medios para financiar funciones autónomas”.

Eso significaría, en la práctica, que las regiones tendrían más poder de decisión, pero también, tendrían que crear -o hacer crecer- organismos locales para suplir aquellas definiciones que se toman a nivel central.

En una de sus intervenciones, el convencional Álvaro Jofré se refirió al aumento de la burocracia estatal que eso significaría, con sus correlativos costos fiscales y gastos públicos, la dispersión normativa y los conflictos de competencia.

La profundidad del cambio

La Universidad Católica convocó a un grupo interdisciplinario de académicos para hacer llegar una propuesta a la Convención en torno a la descentralización. El Centro de Políticas Públicas fijó como uno de los puntos más importantes la necesidad de un financiamiento regional, siempre y cuando sea más eficiente y fiscalizado.

“La descentralización fiscal requiere balancear el aseguramiento de la responsabilidad y estabilidad macroeconómica con la autonomía financiera de los gobiernos regionales, para lo que será necesario establecer mandatos orientados a la entrega de recursos de libre disposición, junto con la instalación de mecanismos de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas”, dice el texto.

¿Pero qué pasaría en un eventual choque de competencias? Los académicos de la Universidad Católica proponen que sea la Contraloría la que dirima entre entidades en pugna. La convencional Amaya Álvez planteó la debilidad de las respuestas constitucionales a este tipo de fricciones. Por ello, pidió a la Biblioteca del Congreso que levante un estudio con fórmulas establecidas en otros países que den sustento a la descentralización fiscal y, también, respuestas a las crisis ambientales, sin cambiar necesariamente a un Estado federal.

Hacia allá avanza la propuesta que el jueves 23 ingresaron 14 convencionales para avanzar hacia un Estado regional autónomo. El texto dice que “el Estado se organice territorialmente en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”. Lo anterior incluiría personalidad jurídica, un estatuto y un presupuesto propio, con las competencias necesarias para autogobernarse. Vale decir, lo único que los regiría en común es la unidad del Estado -y el interés general- definido en la Constitución.

Una segunda propuesta en discusión es un término medio en la descentralización: de un Estado unitario de carácter central a uno de carácter regional, con ciertas autonomías y traspasos en cuanto a recaudación propia, toma de decisiones económicas y medioambientales en el territorio, y más atribuciones para los organismos locales, como los municipios o el gobierno regional, pero con menos grados de autonomía.

Los dilemas de la regionalización

Una de las nuevas atribuciones sería la posibilidad de recaudar impuestos regionales a las empresas que quieran instalarse en un territorio. ¿Quién lo cobraría? Eso aún no está claro. ¿Cuánto? Tampoco. Algunos prefieren esperar al funcionamiento de los gobernadores regionales; otros apuntan a que sea cada municipio o a los consejos regionales.

Entre las presentaciones a la comisión se han repetido las organizaciones que piden la descentralización de las atribuciones fiscales como primer paso hacia la regionalización. La propuesta ingresada la semana pasada va en esa vía.

Otro de los dilemas es el poder decisional para la instalación de un proyecto de inversión en un territorio con alto impacto medioambiental. En especial, en aquellos lugares en que ya existen iniciativas de este tipo y que abogan por tener la última palabra. Todo dependerá del detalle que la comisión introduzca y la separación de atribuciones entre organismos que ya existen.