En su segundo intento, el informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico logró incluir en el borrador a la Agencia Nacional de Aguas, el dominio estatal en la minería y la iniciativa pública en la actividad económica. A partir del 17 de mayo entran en funcionamiento las comisiones de Preámbulo, Normas Transitorias y Armonización, penúltimo paso para la versión final.

“En cuanto al sistema económico y política fiscal, reconocemos que el Estado tiene un rol activo en la economía y no se regula según la mano invisible. Esta es la forma de materializar un giro al estado subsidiario de la Constitución de Pinochet”. Ese fue el cierre de la intervención de la convencional Camila Zárate, ecoconstituyente y una de las coordinadoras de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, el sábado 7 de mayo, cuando el pleno de la Convención deliberó y votó el informe de reemplazo de la instancia, que retornaba por una revancha tras el rechazo en general en su primer intento -el 21 de abril pasado- que desató funas, acusaciones y enojos entre los convencionales del arco progresista.

Por eso, tras la intervención de Zárate, el convencional Manuel Woldarsky hizo un llamado a sus pares para que “por favor” dieran visto bueno al informe de reemplazo, que calificó como “audaz” para los tiempos que corren. En las tribunas, lo aplaudían representantes de organizaciones sociales como Modatima, muy atentos a lo que ocurría en el pleno. A toda costa, los ecoconstituyentes querían evitar otro revés que redujera sus opciones al mínimo.

Así las cosas, a petición de varios de sus pares -con la notoria ausencia presencial de varios convencionales en la votación- y en medio de la incertidumbre de cara al plebiscito de septiembre, el ambiente en la sesión esta vez fue distinto: el arco progresista votó favorablemente buena parte del nuevo informe, evitando así más recriminaciones públicas, a pesar de que -según dijeron en privado algunos representantes- varios artículos incluían otra redacción, pero mantenían el mismo espíritu del primer informe. En el reloj, sin embargo, ya no queda tiempo. 

Al terminar la jornada las cuentas fueron alegres: llegaron al borrador 16 artículos sobre los nuevos estatutos del agua, minería y modelo económico. Incluso, como una señal de distensión, algunos miembros del Colectivo Socialista -acusados de traición en la fracasada sesión del 21 de abril- aparecieron junto a los demás colectivos de izquierda al finalizar la votación, para decir que seguirían conversando entre ellos hasta llegar a un acuerdo en aquellos artículos que no pasaron el corte.

Todo lo anterior, con la oposición de los convencionales de derecha. “Los marxistas llevan más de un siglo propendiendo la nacionalización y la expropiación (…) aún hay convencionales que dicen ‘tranquilos, no seremos ni Cuba ni Venezuela’”, dijo la convencional Pollyana Rivera tras escuchar a Zárate y Woldarsky. La tensión fue la tónica de la jornada.

A la Constitución

Uno de los articulados clave era el estatuto de aguas, que modifica sustancialmente lo que se entiende hoy por regulación y fiscalización. “El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”, fue lo aprobado, y que en la práctica tendrá la atribución para conceder las autorizaciones de uso. La norma fue aplaudida por los asistentes, pero contó con un llamativo detalle: la abstención de los convencionales del Frente Amplio. Varios de ellos optaron por seguir la jornada telemáticamente.

También fueron aprobados los artículos para que el Estado asegure un sistema de gobernanza participativo, y el reconocimiento a los pueblos y naciones indígenas por el uso tradicional de las aguas en sus territorios.

En cuanto al estatuto de minería, llegó al borrador el artículo que establece que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”. No corrió la misma suerte la norma para que sea el Estado el único y exclusivo explotador de litio. El texto, sin embargo, alcanzó los votos suficientes para que retorne a la comisión y tenga una última oportunidad.

Sobre el modelo económico, dos artículos importantes entraron al borrador. El primero de ellos fija, entre otras cosas, el rol económico del Estado: “Se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico”. El segundo artículo establece que el Estado tendrá la iniciativa pública en la actividad económica: “Podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine”.

Por último -y tras múltiples redacciones-, el pleno aprobó también la definición de bienes comunes naturales. Un texto, eso sí, mucho más acotado que al comienzo. Así quedó en el borrador: “Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la Naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras”.

Arranca la armonización

La comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico tiene hasta el viernes 13 para enviar el segundo informe y, a la vez, el tercer y último informe con las materias que aún no han sido revisadas por el pleno, y que serán votadas según el cronograma el sábado 14. El 17 de mayo, la Convención pasa a la etapa de adecuación del borrador. La idea es que la Comisión de Armonización -que ya tiene a sus 40 integrantes- revise cada norma aprobada en el pleno, pesquise la calidad técnica y coherencia, e identifique inconsistencias. Son solo recomendaciones que serán parte de un informe con plazo máximo de entrega el próximo 9 de junio. Los convencionales tendrán hasta el 4 de julio para aprobar o desechar las recomendaciones de la comisión. El quórum se mantiene en dos tercios.

Las otras dos comisiones que funcionarán en paralelo a Armonización son Preámbulo -con 15 miembros, que será la encargada de elaborar el texto introductorio de la nueva Constitución- y de Normas Transitorias, que tiene a 33 convencionales y que fijará los procedimientos, los plazos de implementación y la entrada en funcionamiento de las normas que contendrá la nueva Constitución. Allí se cuenta el fin del Senado, el nuevo Sistema de Salud único y el nuevo mecanismo de Seguridad Social.